SANTO DOMINGO. Los tres acusados de presuntas irregularidades en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) solicitaron a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional variar la medida de coerción de prisión preventiva por ocho meses en su contra y ordenar su inmediata puesta en libertad.
En ese sentido, la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte aplazó para el 10 de noviembre la petición del ex empleado de la OISOE, Alejandro de los Santos, y Yoel Soriano Fabián. Mientras que la Segunda Sala de la Corte fue apoderada de un recurso de apelación incoado por Julio Rafael Pérez Alejo.
Los imputados buscan que sea sustituida la decisión emitida por el juez de Atención Permanente, José Alejandro Vargas.
El magistrado consideró que hay elementos de pruebas suficientes para aplicar la prisión preventiva solicitada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Además, manifestó que el expediente tiene una complejidad por los múltiples factores alegados en las irregularidades.
Durante la audiencia, el imputado Rafael Pérez Alejo negó que fuera empleado de la OISOE, condición que admitió durante los interrogatorios que le hicieran representantes del PEPCA. En tal sentido, el juez le reclamó que a él no le pusieron una pistola para que declarara eso, y que habló en presencia de su abogado.
