SANTO DOMINGO. Las asociaciones abogados y de alguaciles depositaron una acción directa en inconstitucionalidad contra la resolución 17-15 del Consejo del Poder Judicial, que impone la obligatoriedad de la fuerza pública para practicar embargos en la República Dominicana.
La instancia fue depositada ante el Tribunal Constitucional por los representantes de ambas entidades representadas por Washington Wandelpool R., Miguel Ángel Durán y Carlos de la Rosa Castillo.
Argumentan que la referida resolución violenta el principio de independencia del poder judicial y del Ministerio Público previsto en los artículos 151 y 170 de la Carta Magna.
El presidente de Asociación Dominicanas de Abogados y Laboralistas (ADAL), Domingo Polanco Gómez, consideró que “con esta acción buscamos que se acate la decisión 110-13 del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la resolución 13478 de la Procuraduría, y en cuya sentencia se exhorta al pleno de la Suprema Corte de Justicia o al Congreso, someter una ley orgánica para regular el procedimiento de ejecución de las sentencias y otros títulos ejecutorios. Se trata de que las sentencias deben ser ejecutadas sin ningún tipo de obstáculos, el cumplimiento de lo fallado forma parte del principio de tutela judicial efectiva”.
Hipólito Girón Reyes, presidente de la Asociación de Alguaciles (ADA), sugiere la aprobación de una ley orgánica que regule el procedimiento de ejecución de las sentencias; establezca la Dirección Nacional de Alguaciles; contemple el Sistema de Carrera judicial a favor de estos servidores judiciales; implemente un régimen disciplinario por actuaciones irregulares y crear la dirección de control y supervisión de las ejecuciones civiles.
La solicitud de inconstitucionalidad cuenta con el apoyo de 20 despachos legales que suscribieron la instancia, así como 200 ciudadanos titulares de sentencias definitivas.
Se recuerda que el pasado 14 de octubre, tres asociaciones del sector financiero elevaron una acción de inconstitucionalidad contra la ley 140-15 que en su artículo 51, confiere atribución exclusiva a los notarios para practicar embargos y ejecutar créditos.
