SANTO DOMINGO,República Dominicana.- Los abogados de algunos de los acusado por los sobornos millonarios de Odebrecht insistirán este miércoles con nuevos recursos en la anulación de la negativa de los jueces Suprema Corte de Justicia y de su presidente Luis Henry Molina de inhibirse por sus vínculos con algunos de los implicados.
La audiencia está prevista para las 3 de la tarde, mientras los abogados darán una rueda de prensa a las 10 de la mañana en las misma sede de justicia.
Miguel Valerio, abogado del exministro de Obras Pública e imputado por el caso de sobornos Odebrecht Víctor Díaz Rúa, afirmó que los magistrados desconocían la manera en que se debía efectuar el proceso de recusación el pasado miércoles 19 de este mes, quienes rechazaron los argumentos presentados por los jurista del caso Odebrecht justificando que no fueron suficientes.
“Un juez es un tercero imparcial, el cual no debería estar en debate con los abogados sino simplemente mantenerse incólume en las peticiones”, expresó.
El magistrado Luis Henry Molina, presidente de la Alta Corte en la tercera audiencia de juicio de fondo negó la recusación que le fue hecha. En sus motivaciones precisó que mientras fue dirigente del PLD solo tuvo vínculos con la organización, dentro de las funciones que le fueron asignadas.
En cuanto a los magistrados Napoleón Estévez y Vanessa Acosta estos precisaron que su intervención en etapas anteriores del proceso, no implica afectación alguna a la imparcialidad judicial. De su lado el juez Francisco Jerez al pronunciarse dejó en manos del Pleno la decisión de si continuaría o no en el conocimiento del caso.
Sobre el caso
Los seis imputados enviados a juicio de fondo por el caso de sobornos de la constructora brasileña son: el empresario Ángel Rondón Rijo, Víctor J. Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Juan Roberto Rodríguez, exdirector de Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA); Tommy Alberto Galán, senador por la Provincia San Cristóbal, Conrado Enrique Pittaluga, abogado y notario y Porfirio Bautista García, exsenador por la Provincia Espaillat.
La Procuraduría General dice contar con 1,711 pruebas para sustentar esta acusación de 518 páginas contra siete acusados por el caso Odebrecht.
¿Qué dicen estas 518 páginas sobre cada uno de los imputados? Se trata de un expediente que conseguimos hace poco más de 48 horas, después de que se iniciara la entrega del mismo a los acusados, en este caso de corrupción sin precedente.
Ángel Rondón:
A Ángel Rondón, el hombre señalado como el representante de Odebrecht en el país, lo acusan de sobornar a funcionarios y legisladores y de lavado de activos.
Presentan 219 pagos de la empresa Brasileña a 7 compañías de Rondón, certificados por la propia constructora.
En total, casi US$127 millones de dolares (US$126,964,063), entre 2003 y 2015.
Los sobornos admitidos por Odebrecht ascendieron a 92 millones de dolares. La diferencia unos 36 millones.
Ademas de las empresas Lashan y CONAMSA mencionadas desde un principio, la Procuraduría añadió Ilbrec Investment, Arma, Adeline Group y Roymar como receptoras de dichos pagos.
De los casi 127 millones de dolares recibidos por estas compañías, casi el 50 por ciento, unos 62.8 millones (US$62,899,377) le fueron pagados entre septiembre de 2012 y enero de 2015.
Los 16 contratos por los cuales dice el ministerio público se pagaron sobornos fueron aprobados antes del 1 de mayo de 2012.
Solo Punta Catalina, la obra mas costosa de Odebretch y que fue sacada del expediente, fue aprobada despues de esa fecha, especificamente el 14 de abril de 2014.
El pago más cuantioso hecho a Rondón, llegó tres meses antes de esa aprobación, el 5 de enero de ese mismo año por 10 millones de dólares.
Otra transacción de US$3.7 millones se registra el 7 de marzo de 2014. En junio y julio de 2013, señalan pagos por 4.3 y 3.3 millones de dolares respectivamente.
Estos cuatro pagos forman parte de los 5 mas cuantiosos recibidos por las empresas de Rondón, entre 2003 y 2015, sumando uno de 3.7 millones en marzo de 2004.
” El MP realizó un proceso de investigación que incluyo el interrogatorio al representante de la compañía Stanley Consutants Inc, el primero de marzo de 2017, dónde se establecen los términos de referencia de la licitación”.
Además, el MP realizó múltiples actos de investigación que trajeron como resultado la conclusión que en la referida obra no hubo soborno para su contratación y tampoco para la aprobación del financiamiento en el Congreso Nacional.
El Ministerio Público evaluó y valoró el Informe de Investigación de fecha 30 de junio de 2017, emitido por la comisión de investigación de todo el concerniente al proceso de licitación y adjudicación de la obra.
El Ministerio Público asegura que para acumular y mover todo el dinero recibido de Odebretch y darle apariencia de legalidad, Rondón diseñó un circuito de lavado de activos donde fueron utilizadas 16 empresas nacionales y 15 empresas Offshore que sirvieron de plataforma para adquirir cuentas y otros productos bancarios en los cuales colocaron millonarias sumas, ademas de la adquisición de una diversidad de bienes: muebles e inmuebles, proyectos inmobiliarias, villas de veraneo, yates, etc.
Enumeran 56 inmuebles, mayormente en el Este entre San Pedro, El Seibo e Higuey y casi 90 vehiculos pesados o de carga.
Añaden que el imputado evidencia haber cometido el delito de lavado de activos mediante… transferencias entre cuentas bancarias de una misma empresa o de distintas empresas con la finalidad de eliminar el rastro ilícito del dinero, para posteriormente realizar los pagos de sobornos a los demás imputados. Detallan un total de 254 de estas transferencias.
Confirmamos la existencia de un complejo entramado corporativo a través del cual este imputado movilizaba, ocultaba e integraba sus fondos de origen ilícito en el sistema nacional, en un evidente esquema de lavado de activos. Por igual encontramos cheques que demuestra el pago de valores entre este imputado y otros de los encausados.
Para conectar a los imputados con Rondon, las autoridades se valieron de las delaciones de varios ex funcionarios de Odebretch, entre estos Marcos Vasconcelos Cruz, ex gerente general de la empresa aquí en el País, Luis Eduardo Da Rocha Soares, Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva, Luis Antonio Mameri y Ernesto Saviera Baiardi.
Víctor Díaz Rúa:
En la acusación depositada en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público asegura que probará que el ex ministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa “hizo una contratación irregular con la finalidad de favorecer a Odebrecht para favorecerse a sí mismo, por el soborno recibido de Ángel Rondón”
El Ministerio Público señala irregularidades “en el proceso de ejecución de la Carretera Casabito-Constanza, rehabilitada en dos ocasiones durante la gestión de Díaz Rúa
Las autoridades dicen también que desde su llegada a Obras Públicas Díaz Rúa identificó el proyecto Autopista del Coral y “tras haber recibido sobornos gestionó todo para que dicha empresa (Odebrecht) sea la que construya el proyecto, no obstante haber sido adjudicada a Hormigones Moya en 2003”
A través de dos contratos de servicios de consultoría entre Conrado Pittaluga y Constructora Norberto Odebrecht el Ministerio Público pretende probar que Pittaluga “firmó contrato para recibir el 1.25 por ciento del valor total del proyecto Autopista del Coral, como una exigencia de Díaz Rúa a la Constructora… Odebrecht, con la finalidad de disfrazar los pagos obtenidos por el soborno para beneficiar a la empresa y de esta forma servir de testaferro a Díaz Rúa, tal como lo establece Marco Antonio Vasconcelos Cruz en sus declaraciones”
Otra de las obras cuestionadas por la investigación es la Carretera El Río-Jarabacoa, que según la acusación fue realizada “con la finalidad de incluir la construcción de dos pasos a desnivel sin licitación”
El Ministerio Público sostiene que Díaz Rúa “movilizó a través de sus cuentas millonarias sumas de dinero que no puede ser justificado en base a sus ingresos legítimos”
Como parte del supuesto enriquecimiento ilícito de Díaz Rúa a través de sobornos, la acusación asegura que éste adquirió un yate Pershing azul, de 60 pies de eslora, “bautizado como Balbie y registrado en las Islas Vírgenes Británicas a nombre de la compañía de carpeta Nutberry Limited”
A Díaz Rúa también le atribuyen haber utilizado a la Constructora Solaris, de la que fue socio fundador y de la que su hijo, Víctor Manuel Díaz Guerra es socio, “para mezclar el dinero ilícito”
A nombre de esta compañía aparecen registrados 10 inmuebles, de acuerdo con la acusación Díaz Rúa “integró los recursos económicos a la economía formal utilizando a Constructora Solaris para justificar una actividad lícita productiva que diera apariencia de licitud a esos fondos” para esto, dice el Ministerio Público, “fueron desarrollados dos proyectos inmobiliarios millonarios consistentes en un edificio de apartamentos de lujo denominado Torre FG-14 y Torre GG-26”
También a través de la empresa Radio-Difusora Sky Land, presuntamente relacionada a Díaz Rúa, se adquirieron inmuebles con bienes provenientes del soborno. Según la acusación “a nombre de esta empresa fue adquirido el solar No.79 de Barranca Este, correspondiente a una villa ubicada en Casa de Campo”
Previo a la constitución de la compañía Radio Difusora Sky Land, el ex ministro realizaba pagos de forma personal, por personas allegadas y sociedades del inmueble localizado en Casa de Campo.
A través de otra empresa Monttoba, presuntamente Díaz Rúa adquirió el apartamento ubicado en la Torre Caney, en la avenida Anacaona.
A Díaz Rúa también le imputan haber utilizado a la empresa Albox S.A. para ocultar el dinero ilícito obtenido en el ejercicio de sus funciones, según la acusación dicha empresa recibió transferencias de Lashan Corporation, propiedad de Ángel Rondón.
Una comunicación del 6 de julio de 2011 enviada por Lashan a Bancamérica, da cuenta de que esa empresa autorizó el pago de US$674,456.00 destinado a Albox S.A., vinculada a Díaz Rúa.
Dos inmuebles de 845.20 y 830.60 metros cuadrados respectivamente, ambos ubicados en el Distrito Nacional fueron, de acuerdo con el Ministerio Público, aportados en naturaleza por Díaz Rúa a la empresa Albox y posteriormente retornaron al control del imputado mediante venta, lo que de acuerdo con la acusación “permitió a Díaz Rúa ocultar la propiedad de estos en la declaración presentada en 2008”
Sobre Leonardo Guzmán Font-Bernard, yerno de Díaz Rúa señala que los movimientos de sumas millonarias en sus cuentas comenzaron a reflejarse a partir del momento en que se vincula con la familia de Díaz Rúa “lo que evidencia que el dinero obtenido por el imputado era lavado a través de las cuentas de su yerno”
La acusación señala además que a través de un informe financiero realizado a los productos bancarios de la empresa Ingeniería Dominicana y Equipos Pesados, SRL (INDOEQUIPESA), demostrará que Guzmán Font-Bernard empezó a manejar a través de sus cuentas sumas altas de dinero a través de Indoequipesa, empresa supuestamente “utilizada por Díaz Rúa y Pittaluga para menejar el dinero ilícito obtenido por pago de sobornos”
Otra de las empresas señaladas en la acusación es Merkel Investment SRL que en 2011 y 2012 no tuvo ningún producto financiero, sin embargo, la acusación señala que en 2013 “con la entrada a la empresa de Guzmán Font-Bernard esta razón social abre productos financieros por los cuales manejó casi mil millones de pesos”
Conrado Pittaluga Arzeno:
La acusación presentada por el Ministerio Público da cuenta de que Odebrecht transfirió a la compañía Newport Consulting, propiedad de Conrado Pittaluga, US$6,629,080.29 dicha información fue extraída del sistema informático contable denominado Drousys, de la empresa Odebrecht.
Dichos pagos, señala la acusación, “se trataban de sobornos disfrazados, dirigidos a Víctor Díaz Rúa”
El Ministerio Público señala que Indoequipesa, “una empresa clave en el entramado de lavado de activos diseñado por Pittaluga resolvió hacer un préstamo a Solaris (compañía presidida por Díaz Rúa) de US$100,000.00” siendo esto según la acusación “una de las maniobras utilizadas para transferir a Díaz Rúa fondos ilícitos que habían ingresado Indoequipesa a través de Pittaluga y la compañía Newport Consulting, originados en los pagos de sobornos de Odebrecht”
El 30 de noviembre de 2012 Newport Consulting depositó otros US$400,000.00 a Indoequipesa, según la acusación “… Esta transacción prueba el hecho de que el imputado Conrado Pittaluga utilizó la compañía Indoequipesa como instrumento para colocar en la banca nacional fondos originados en el delito de soborno de su compañía Newport Consulting y de esta forma hacerlo llegar al dominio del imputado Víctor Díaz Rúa, su verdadero destinatario, por medio del representante de Indoequipesa Leonardo Guzmán Font-Bernard, a quien estaban destinados los pagos de sobornos de Odebrecht”.
El 23 de diciembre de 2015, señala el documento, Pittaluga recibió de Newport Consulting US$100,000.00 en su cuenta de ahorros en dólares.
En el sistema Drousys de Odebrecht quedó registrado, según los fiscales, los pagos ilícitos a Pittaluga a través de su compañía Aragón Business Consulting, entre los documentos enviados desde Brasil se señala una orden de pago de octubre de 2015 por la suma de US$2,0795.00
Los elementos probatorios, según el Ministerio Público incluyen 1,368 pruebas documentales, 234 pruebas materiales, 54 testimoniales y 4 ilustrativas, además de 42 actos procesales y 9 interrogatorios.
Andrés Bautista:
Otro nombre que ha repicado desde el inicio del expediente es el ex presidente del Partido Revolucionario Moderno, Porfirio Andrés Bautista García.
Quién estando en el PRD, fue senador por la provincia Espaillat, durante 16 años, llegando a ocupar la presidencia de la Cámara Alta en cuatro legislaturas 2001- 2002, 2002- 2003, 2004-2005 y 2005-2006.
En cuanto al imputado Porfirio Andrés Bautista García, verificamos que durante los años que fungió como Presidente del Senado el mismo intervino en la aprobación de financiamientos de obras como la Ampliación de la Línea Noroeste y la Hidroeléctrica Palomino
Las presuntas pruebas en contra de Bautista García, están desglosadas en más de 30 páginas del voluminoso expediente, dónde según el MP el imputado falseó su declaración jurada y movilizó millonarias sumas de dinero en cuentas no declaradas, tratando de ocultar millones de pesos de origen ilícito, detentando hoy un multimillonario patrimonio que sencillamente no puede justificar
La ráfaga de acusaciones inicia con las imputaciones de soborno en el ejercicio de la función Pública, explican que los delatores Ernesto Saviera Baiardi y Marco Antonio Vasconcelos Cruz revelaron que era “… Una persona clave para las aprobaciones de los financiamientos de las obras ejecutadas…”, destacando que “…Sin los pagos hechos a Ángel Rondón Rijo para que influyera sobre Porfirio Andrés Bautista García, a la sazón de presidente del Senado, dichos préstamos no habrían sido aprobados”.
Lo primero es que no son testimonios son delaciones premiadas dadas en un país extranjero y eso está sujeto todo un procedimiento para que se incorpore una prueba como es en la República Dominicana, primero no es prueba ligera prueba nunca porque no son , entonces siempre se tiene en cuenta la declaración quedaron como imputado un testigo interesado en el proceso del cual se le beneficia fruto de informaciones que da.
Carlos Salcedo, abogado de Andrés Bautista, durante una entrevista con El Informe la semana pasada, aseguró que las informaciones proporcionadas por los delatores no certifican la existencia de ilícito alguno.
Según la investigación, a cambio de los sobornos, en el año 2002, el ex legislador “Realizó gestiones e influyó” en la aprobación de un préstamo de más de 129 millones de dólares (US$129, 089,385) para el financiamiento del Acueducto de la Línea Noroeste. Para esa misma obra figura el contrato de préstamo complementario superior a los 32.6 millones de dólares (US$32, 672,056).
Agregan que Vasconcelos Cruz, quien desde el 2007 y hasta que explotó el escándalo, fue presidente de Odebrecht en el país, aseguró en sus delaciones premiadas que cuando sus contratos llegaban al Senado recibían un trato “Privilegiado siendo librados de trámites” y que el “Plazo para la aprobación se reducía a la mitad”
La Procuraduría resalta que en el 2005, Bautista García influyó para que se aprobarán, primero un préstamo de unos 90 millones de dólares (US$89,925,939) para la “Ampliación del Acueducto de la Línea Noroeste” y después otro de 15 millones de la moneda estadounidense, para financiar la primera fase del “Proyecto Hidroeléctrico Palomino”.
Cuando ocurre la aprobación de la hidroeléctrica de esa manera, año 2007, ano 2008 y las adendas fueron posteriores al año 2010, Andrés Bautista dejó de ser presidente del Senado de la República en el año del 2006, agosto del 2006, que nivel de influencia podría tener Andrés Bautista en la población de un proyecto del cual ya él no era el Presidente, un año y pico después del ser presidente
Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que además de recibir sobornos, éste imputado blanqueó dinero ilícito y se enriqueció de la misma manera durante sus funciones de senador, dice la imputación que “El incremento descomunal de su patrimonio así lo evidencian, el cual trató de distraer y ocultar con varios métodos y por diferentes vías, falseando y omitiendo datos en sus declaraciones juradas de patrimonio” del 2003 y el 2006.
El escrito establece que desde 1994 cuando el político ocupó por primera vez una curul, nunca presentó su declaración jurada, sino hasta el 2004, durante su tercer periodo consecutivo como senador.
En esta alegadamente detectaron que a diferencia de otras cuentas compartidas que Andrés Bautista detalló en el documento, dejó fuera la que tenía “… mancomunada con su hermano Serafín Bautista García” (párrafo 2, pág 180), considerando que el ocultamiento no fue casual, ya que desde su apertura en el 2003 recibió depósitos de más de mil 500 millones de pesos (RD$1,531,135,796) y transferencia por un valor superior a los 126 millones (RD$126,769,245) para una suma en créditos superior a los mil 900 millones de pesos (RD$1,935,471,435).
Los investigadores resaltan que entre los años 2003 y 2005, cuando se aprobaron en el Senado, los contratos para el financiamiento del “Proyecto de Ampliación del Acueducto de la Línea Noroeste y el Proyecto Hidroeléctrico Palomino” en dicha cuenta se movieron sólo en créditos recibidos, un monto mayor a los 272 millones de pesos (RD$272,492,454) vale resaltar que del 2003 y al 2004, Bautista no era el presidente del Senado.
Las pesquisas establecen que en la declaración jurada del 2006, entre efectivo en cuentas, cabezas de ganado porcino, bovino y avícolas, además de capital invertido y acciones como dueño o socio en negocios, declaró un patrimonio de 36.7 millones (RD$36,776,923).
En esta ocasión, alegan, no sólo obvió la cuenta multimillonaria que tenía con su hermano, sino que además no transparentó una personal que había presentado en la declaración jurada dos años antes. Durante la década que estuvo vigente dicha cuenta registró créditos de poco más de siete millones de pesos (RD$7,060,325).
Los fiscales dicen que una tercera cuenta en dólares fue excluida, esta había sido aperturada el 03 de octubre, un día antes del legislador entregar la declaración jurada. En esta cuenta ese mismo año manejó créditos de más de 472 mil dólares (US$472,344), mientras hasta el 2017, llegó a tener más de mil 300 millones de dólares (US$1,374,748). “Un incremento patrimonial sin explicación razonable de su origen” (párrafo 2, pág 183), es lo que alega el Ministerio Público ocurrió con este encartado en los datos que oficialmente presentó, ya que de tener un saldo negativo de 4.8 millones de pesos en el 2003 (RD$4,828,622) tres años después, logró elevarlo a más de 36 millones de pesos (RD$36,776,923).
El crecimiento que califican como desmedido, aseguran además es evidente en otros renglones como los inmuebles, resaltan que la primera vez que fue electo senador, sólo contaba con 2 propiedades y que 10 años después, en el 2004, contaba con 15, especifican que para esa fecha, otros 12 inmuebles no fueron declarados por el imputado.
Según las pesquisas desde que tomó posesión como representante de la Cámara Alta, en 1994, hasta su última declaración jurada en el 2006, su patrimonio se elevó 1074%, de forma injustificada. Establecen que a través de 10 sociedades diferentes ocultó parte de su enriquecimiento ilícito. En tanto que el desbalance es palpable entre los ingresos por salarios y los consolidados en todas sus cuentas del 2002 al 2010. Relatan que el total percibido por sueldo como legislador fue de 16 millones de pesos (RD$16,231,523), pero que en el sistema financiero figura con recursos que superan los mil millones de pesos (RD$1,116,081)
Pero sobre los hombres de Bautista García además pesan acusaciones de “Lavado de activos producto de infracciones graves”
Según la Procuraduría, “Para colocar los recursos ilícitos en el sistema financiero nacional…” “…utilizó una serie de maniobras que incluyen operaciones bancarias, comerciales y adquisición de bienes muebles e inmuebles”
Los hallazgos apuntan a que “Contó con la colaboración de familiares, amigos y personas cercanas y todo un entramado societario para trata de dar apariencia de licitud al dinero ilícito que obtenía como consecuencia de las acciones delictuales que cometía en contra del Estado dominicano”.
Y señalan que éste “Introdujo más de mil ochocientos millones de pesos dominicanos (RD$1,800,000,000) en el sistema bancario, entre los años 2002 y 2017” en supuestas “…acciones de malas artes que lo convierten en reo de los delitos de soborno, blanqueo de capitales y otros ilícitos colaterales que no pueden ni deben quedar sin las sanciones que disponen las leyes sustantivas y adjetivas dominicanas”.
Citan como ejemplo que entre el 2002 y el 2003, durante el segundo año de Bautista García como presidente del Senado “Pagó 16 préstamos bancarios al banco Popular” que sumaban 30.8 millones (RD$30,800,000) y que había tomado entre el 2001 y el 2002, durante su primer mandato como presidente del Senado .Alegan que “…estas operaciones se llevaron a cabo en el periodo en que se aprobó en el Senado el contrato para financiar la construcción del Acueducto de la Línea Noroeste…”
Sostienen que de los 10 inmuebles que adquiridos entre el 2002 y el 2003, nueve fueron comprados el mismo día, 03 del 2003. Establecen que el 05 de abril del 2005 también compró otros tres inmuebles, según los investigadores “… con recursos producto de los sobornos” que dicen recibió “…Para la aprobación de financiamiento para la Ampliación del Acueducto de la Línea Noroeste y la primera fase del proyecto Hidroeléctrico Palomino”
La Procuraduría le atribuye un total de 42 inmuebles, 10 en San Francisco de Macorís (pág 409), nueve inmuebles en La Vega, ocho de ellos en un solo día, el 13 de septiembre de 2010 y otras 19 propiedades habrían sido comprados por Bautista en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.
La Procuraduría asegura que la compra de inmuebles es uno de los mecanismos más usados en los procesos de lavado de activos, en tanto, otra modalidad “es el fraccionamiento de los préstamos en una misma entidad financiera y en periodos breves de tiempo entre uno y otro, saldados relativamente en tiempo record” lo que dicen “revela una táctica del imputado para dar apariencia licita al dinero recibido de los sobornos”.
Aseguran que para legítimas los “recursos espurios” utilizó familiares cercanos en el proceso de lavado de activos ilícitos, lo que a juicio de los fiscales se explica “La cantidad de bienes que exhibe su esposa, la señora Nuris del Carmen Taveras Taveras, que sin realizar ninguna actividad productiva (cuestión que se evidencia al no parecer con aportes en la tesorería de la Seguridad Social ni en los registros de Impuestos Internos con el pago de impuestos)”, sin embargo, posee 19 inmuebles a su nombre. La esposa del acusado también tiene acciones en al menos tres empresas: Biogenetik, S.R.L, Agropecuaria Bautista S.R.L y Auto Wayne S.R.L
Las evidencias depositadas el pasado jueves ante la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia indican que utilizó empresas en las que figuraban familiares y allegados con acciones societarias por encima de las suyas, presuntamente para “Encubrir el dinero de los sobornos.
Tommy Galán:
El Ministerio Público asegura que el Senador por San Cristóbal, el único legislador que quedó en el expediente, bailó en la danza tocada por la constructora brasileña.
Galán llegó a la Cámara Alta en 2010.Conforme a los delatores de Odebrecht influenciaba en la aprobación del financiamiento de numerosos proyectos a cambio de prebendas, contando también con un patrimonio millonario que no puede justificar.
Su participación en los hechos punibles supuestamente ocurrió cuando presidía la Comisión de Finanzas del Senado, hoy Comisión de Hacienda. Posición que ostentó desde 2006 a 2014, volviendo a ser electo en el cargo en 2016.Lo acusan de recibir soborno en el ejercicio de la función pública, señalando que “… fue uno de los (senadores) que gestionaron y recibieron grandes cantidades de dinero, proveniente de Odebrecht.
Insisten en que lo hizo “…a cambio de influenciar en los demás miembros de la Comisión de Hacienda y votar para la aprobación de los préstamos de obras”
El Ministerio Público alega que jugó un papel estelar como presidente de la comisión de finanzas en beneficio de las adendas de las Hidroeléctricas de Pinalito y Palomino, además de las obras de la Autopista del Coral, Corredor Duarte I, Carretera El Río Jarabacoa, Corredor Duarte II, Acueducto de Samaná, Carretera de Casabito, Acueducto Hermanas Mirabal, carretera Bávaro Miches Sabana de la Mar”.O sea que su influencia abarco 10 proyectos, según el Ministerio Publico. (Párrafo 1 pág 227)
Sustentan su planteamiento en las declaraciones del delator Marco Vasconcelos Cruz, quien supuestamente señaló a Galán como á, y que ambos mantenían una comunicación directa y permanente con el fin de que la Constructora fuera favorecida tanto en la Comisión de Hacienda como en las sesiones del Senado donde los préstamos para las citadas obras serían aprobados”
El delator alegamente agregó que el dirigente del PLD usaba su posición “…para influir sobre los demás senadores…” y que “…usaba canales directos” con Rondón, “… para mantenerlo informado de los avances de los acontecimientos que tenían lugar en torno a las discusiones y pormenores sobre los proyectos de financiamientos que cursaban en el Congreso, los cuales finalmente terminaron siendo aprobados sin los tramites regulares, a corto tiempo y casi sin oposición”.
El Ministerio Publico dice que Vasconcelos Cruz aseguró “Entregaron grandes sumas de dinero, a cambio de los favores” del representante de San Cristóbal, apuntando que una parte de esos recursos fueron “Aportes para las campañas políticas como candidato a senador” “Durante los años 2008, 2012 y 2016”.
El detalle presentado por los fiscales dice que el legislador “Incrementó su patrimonio de manera injustificada enriqueciéndose ilícitamente y tratando de ocultar sus propiedades falseando datos en sus declaraciones juradas de patrimonio” .Además detallan que para evitar ser descubierto, la “estrategia de ocultamiento”, que utilizaba era “convertir en inmuebles el dinero ilícito recibido” .Y que a pesar que llegó al Congreso como diputado en 2002, la primera vez que transparentó sus bienes fue en el 2006, presentando una declaración jurada de 19 millones de pesos (RD$19,300,000).
Cuatro años después, sus bienes sólo se habían incrementado en 100 mil pesos, según la documentación que depositó. (RD$19,400,000) .
Pero el pico considerable en el inventario presentado por Galán, dicen los investigadores, se dio en 2016, con propiedades valoradas en 31.7 millones de pesos (RD$31,704,547) para un incremento de un 63% con respecto a 2010.(gráfico pág 229), Los fiscales relatan que el periodo en que aumentó sus bienes coincide con el lapso de tiempo en que es “Mencionado por el delator Vasconcelos Cruz” (pág 229).
Uno de los renglones que más llamó la atención de los investigadores fue el inmobiliario.
En 2016, el monto total declarado por una finca recreativa en San Cristóbal, un Terreno en Jarabacoa y un apartamento en la Torre Valentina, ascendió a 21 millones y medio de pesos (RD$21,500,000), sin embargo, el monto de tasación, dice el ministerio publico, supera los 84 millones de pesos (RD$84,5000,000), para un monto ocultado de 63 millones del supuesto valor real. (Cuadro pág 231)
También explican que “El imputado sólo declaró que tiene acciones en la Corporación Mano Amiga S.A., por un monto de 100 mil pesos (RD$100,000.00), sin embargo en la DGII se reporta que es socio de otras cinco empresas, en una hasta figura con el 99.40% de las acciones.
Roberto Rodríguez:
Sobre el ex director del Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA) el Ministerio Público afirma que demostrará que éste “utilizó su condición de director del INAPA para la inclusión de la Constructora Norberto Odebrecht en el contrato del Acueducto de la Línea Noroeste y dos de sus tres adendas”
Según las autoridades, dicha firma se realizó gracias a la relación existente entre el imputado Rodríguez y Ángel Rondón.
El señalamiento se basa en las declaraciones de Marco Antonio Vasconcelos Cruz, obtenidas mediante el acuerdo de cooperación entre la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público de Brasil. (471)
La acusación señala que la sociedad Arma S.A., propiedad de Rondón, emitió el 19 de enero del 2009 un cheque por RD$1,075,000.00 a nombre de Ester Jiménez cuñada y socia de Rodríguez, dicho pago, según el Ministerio Público, se trata de “un soborno realizado por Ángel Rondón”
De acuerdo con el Ministerio Público en su declaración jurada del 14 de septiembre del 2004 el imputado Rodríguez “declaró un aumento de patrimonio que no puede ser justificado” además de que “los inmuebles adquiridos en el período 2000 al 2004 significan un aumento de un 55% en cuanto a los inmuebles registrados”
Según las autoridades, en su declaración jurada de 2016, Rodríguez habría plasmado la adquisición de inmuebles “por un valor de RD$45,000,000.00 en un período de menos de tres meses”
El Ministerio Público dice además que Rodríguez habría omitido en su declaración la posesión de otros bienes inmuebles y que el mismo “cometió delito de falsedad en la declaración jurada” ya que sólo declaró inversiones por RD$480,000.00 en la sociedad inmobiliaria Sociedades Bahuco, sin embargo posee inversiones en varias empresas.
El Ministerio Público presenta 140 certificaciones del estado jurídico de inmuebles del condominio Terrazas del Farallón, con esto pretende demostrar los inmuebles propiedad de la sociedad comercial Las Terrazas, sociedad de la cual el imputado Rodríguez es accionista mayoritario y asegura que “dichos inmuebles forman parte del incremento patrimonial del imputado Juan Roberto Rodríguez” (482)
Otras tres propiedades en el Seibo son según la acusación “parte de la manera de realizar la colocación del dinero fruto del lavado de activos, para darle apariencia lícita” (482)
Con la presentación de 12 certificaciones de estado jurídico del 21 de diciembre de 2017 del Registro de Títulos de Santo Domingo el Ministerio Público pretende demostrar que la sociedad comercial Terrazas San Isidro construyó el condominio Terrazas del Caribe “que estas unidades son parte de la forma en que el imputado Juan Roberto Rodríguez realizaba la colocación del dinero fruto del lavado de activos, para darle la apariencia lícita”. (484)
De acuerdo con el Ministerio Público Rodríguez manejó en una cuenta corriente RD$ 12,370,500.00 y según la acusación dicha cuenta “no fue presentada por el imputado en su declaración jurada de patrimonio, con la finalidad de ocultar los movimientos de ésta”
Con respecto al caso, el Juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, tiene 20 días para fijar audiencia para conocer la acusación.
