Se trata del tercer juicio que se celebra en el Estado pontificio después del primer caso «Vatileaks» contra el mayordomo de Benedicto XVI, Paolo Gabriele, por los mismos delitos en 2012.
Además el 15 de julio de 2015 se celebró una primera audiencia contra el exnuncio de República Dominicana Josef Wesolowski, de 67 años, acusado de pederastia, pero que no se presentó al estar hospitalizado y murió antes de que se reiniciase de nuevo el proceso.
La primera vista de este nuevo proceso, en el que por primera vez se juzgará a un sacerdote y a dos periodistas, ha sido fijada a las 10.30 locales (09.30 GMT) y se celebrará en la única sede judicial del Estado de la Ciudad del Vaticano.
Los imputados son Vallejo Balda, arrestado desde el 1 de noviembre, y que fue secretario de la extinta Comisión investigadora de los organismos económicos y administrativos de la Santa Sede (COSEA), de la que proviene la mayor parte de los documentos difundidos.
También se sentarán en el banquillo la relaciones públicas italiana y exmiembro del COSEA Francesca Chaouqui, que fue arrestada con el español y puesta posteriormente en libertad; el excolaborador de dicho organismo Nicola Maio y los periodistas que han publicado los documentos en sendos libros Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi.
El juicio comienza sin que se conozcan los abogados de las cinco partes, ya que el Vaticano exige que sean letrados autorizados a ejercer en su territorio que son en total 88, y se han rechazado las peticiones de las defensas de confianza tanto de Vallejo como de Chaouqui a pesar de que habían seguido toda la fase de instrucción.
Los dos periodistas han criticado que su situación supone un ataque a la libertad de prensa y que mientras que Italia recoge este principio en el artículo 21 de su Constitución, las leyes vaticanas no estipulan este derecho.
Sobre los imputados pesan los cargos de filtración y publicación de documentos reservados de la Santa Sede, y el sacerdote español, Chaouqui y Maio están acusados además de asociación para la divulgación de estos documentos.
En detalle, están acusados de violar el artículo 116 bis, introducido por papa Francisco en 2013, y que contempla el delito de «procurarse ilegítimamente o revelar noticias o documentos de los que está prohibida la divulgación».
El Código de Derecho Canónico pena este delito con entre seis meses y dos años de prisión o la multa de 1.000 a 5.000 euros.
En el caso de que estas noticias o documentos fueran de «interés fundamental o de relaciones diplomáticas de la Santa Sede o del Estado se aplicará la pena de cuatro a ocho años de reclusión».
