Así lo reveló hoy el presidente del Consejo del Poder Judicial (CPJ) y presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, quien dijo que él no tiene nada que ver con las decisiones adoptada por la jueza Awilda Reyes Beltré, ni de ningún otro funcionario del Poder Judicial.
“En resumen, la magistrada dice que sus decisiones se debieron a su obediencia a instrucciones superiores, a la vez que reconoce haber recibido dinero para tales fines: y nosotros nos preguntamos: ¿son conciliables ambas actitudes? ¿Puede una persona que alegadamente ha recibido dinero órdenes superiores para adoptar una decisión, recibir al mismo tiempo dinero para decidir el caso?”, se preguntó Germán Mejía.
Dijo que es una infamia de la peor calaña, insinuar que él, o algún miembro de su familia, tienen algo que ver con la actitud delictuosa de algunos miembros minoritarios de la judicatura.
Sostuvo que en los cuatro años que lleva al frente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial han sido procesados numerosos jueces, han salido del sistema otros tantos magistrados, tras señalar que no se ha producido una sola denuncia, que el referido consejo no haya investigado.
Manifestó que las informaciones que sobre estos casos han sido publicadas en los diversos medios han estremecido el país y han llevado a cuestionarlo sobre los valores y principios que deben tener los actores del sistema de justicia.
Señaló que la misma le ha causado pesar, vergüenza, malestar y una profunda preocupación por el presente y futuro de la judicatura nacional, y le impone la obligación de actuar con la rigurosidad adecuada y enfrentar estos casos y aquellos que pudieran surgir en el futuro.
El 7 de julio pasado, la jueza Reyes Beltré ordenó la devolución inmediata al venezolano José Bacile Bacile, de la aeronave Cessna 550, matrícula N61MA, cuya propiedad se atribuye al presidente del quebrado Banco Peravia, investigado junto a varias personas por incurrir en acciones de lavado de activos y otras infracciones graves y estaba incautada por el ministerio público.
Mientras que el 20 de agosto pasado, la jueza Reyes Beltré, mediante una acción de amparo, ordenó devolver la suma de 20 millones de dólares a favor de la razón social Prado Universal, compañía constructora de la Torre Atiemar, propiedad del español Arturo del Tiempo Marqués, condenado en España por narcotráfico.
