TUCSON. Grupos proinmigrantes e indocumentados realizaron hoy marchas por todo Estados Unidos con motivo del primer aniversario del anuncio de las medidas de alivio migratorio del presidente Barack Obama, posteriormente bloqueadas en los tribunales.
Ante la fuerte presión ejercida por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y políticos de su mismo partido, el Demócrata, Obama anunció hace un año la creación del programa de Acción Diferida para Padres de Ciudadanos Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales (DAPA).
Así como la ampliación del programa de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) para aquellos que no calificaron debido a su edad cuando se anunció este programa originalmente en el 2012.
“Ha sido un año desde que yo y muchos de mis colegas presionamos para que el presidente utilizara sus poderes ejecutivos para tomar acción y hacer lo que pudiera sobre nuestro quebrantado sistema migratorio”, dijo el senador por Nueva Jersey, el hispano Bob Menéndez, en un comunicado de prensa.
“El anuncio histórico para crear el programa DAPA y ampliar el DACA significó que millones de madres y padres, nuestros vecinos y amigos, podrían salir de las sombras, registrarse con el Gobierno, pasar una verificación de antecedentes y recibir permisos de trabajo”, afirmó.
“Desafortunadamente, una demanda por motivos políticos de los republicanos ha mantenido a aquellas familias que celebraron este logro atrapadas en un limbo legal, esperando que se haga justicia”, agregó.
Celebrando este aniversario, el Gobierno presentó hoy un recurso al Tribunal Supremo en el que pide levantar la suspensión que pesa sobre las medidas migratorias que decretó hace un año y frenar la deportación de cinco de los once millones de indocumentados que viven en Estados Unidos.
Dos semanas atrás, la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, decidió mantener suspendidas las medidas a petición de una coalición de 26 estados, en su mayoría republicanos, quienes pusieron una demanda el pasado febrero, fecha en que estaba programada para entrar en vigor la ampliación del DACA.
Desde entonces el futuro de las familias inmigrantes beneficiadas se encuentra “congelado” en un “limbo legal” y expuesto a una posible deportación, especialmente en estados como Arizona y Texas, donde una simple infracción de tráfico los pone en peligro de verse “cara a cara” con Inmigración.
Así, de costa a costa del país, diferentes organizaciones y grupos proinmigrantes organizaron hoy marchas para conmemorar el anuncio del DAPA.
En Chicago protestaron frente a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en contra de la criminalización de las comunidades inmigrantes, las deportaciones y los centros de detención.
En Florida, miembros de la comunidad inmigrante se manifestaron a las afueras de la oficina del senador Marco Rubio, rechazando sus declaraciones en contra del programa de DACA y DAPA.
Rubio, uno de los precandidatos republicanos a la Presidencia del país, ha declarado en varias ocasiones estar en contra de estas medidas y ha advertido que en caso de ser electo pondría fin al programa original de DACA, que actualmente protege de la deportación a aproximadamente 700.000 jóvenes indocumentados.
“Le queremos dejar saber a Marco Rubio que si no está con nuestra comunidad, está en contra de ella, hemos luchado muy fuerte para ganar DACA y DAPA y no los vamos a perder por los intereses políticos de un candidato o de un partido político”, manifestó en un comunicado de prensa Roberto Benavidez, un joven estudiante amparado bajo DACA.
Los inmigrantes en Carolina del Norte también se manifestaron hoy con sartenes y cacerolas reclamando al gobernador Pat McCrory que desista formar parte del litigio legal interpuesto por los estados en contra del anhelado alivio migratorio.
En Washington D.C. más de 250 inmigrantes y activistas se presentaron ante la Casa Blanca y el Tribunal Supremo para pedir un fallo a favor de DACA y DAPA que beneficie a las familias inmigrantes.
En Arizona, un estado donde los inmigrantes han sido fuertemente golpeados por leyes estatales en contra de la inmigración indocumentada, varias personas marcharon por las calles de Phoenix para pedir a la administración Obama tomar acción y frenar las deportaciones mientras se decida el futuro de los dos programas.
Activistas, inmigrantes y familias anunciaron también una movilización en los próximos meses en caso de que el Tribunal Supremo acepte escuchar el caso, la cual podría incluir una huelga de hambre.
