Santo Domingo.- El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, señaló que de hacer realidad la propuesta del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, respecto a suprimir las subastas con relación a los permisos agropecuarios que realiza la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), se estaría retornando al pasado, lo que constituiría un gran retroceso ya que a su juicio, se implementaría nuevamente una de las modalidades más nefastas que ha tenido el país en materia de corrupción.
“Con dicha propuesta lo que se busca es que volvamos a la práctica del otorgamiento de permisos discrecionales, que eran comprados y vendidos, con los cuales se hicieron millonarios por décadas, sectores ligados a la política en la República Dominicana. Con el nuevo mecanismo que ha implementado el presidente Danilo Medina, se ha roto todo ese sistema de estructura mafiosa que existía, y hoy a través de una entidad de la sociedad civil compuesta por todas las asociaciones de productores en el sector agropecuario a nivel nacional, se ha logrado inyectar transparencia y efectividad, beneficiando a todos los productores, al pueblo dominicano, y, sobre todo, fortaleciendo las políticas públicas y eficaces en el manejo de los recursos que se realizan desde el Gobierno”, aseguró Domínguez Brito.
El Procurador General manifestó que el nuevo régimen desarrollado por la Junta Agroempresarial, así como la realización de sorteos en las escuelas públicas y el nuevo sistema de procedimientos de adquisición de medicamentos implementado por PROMESE, son tres de las medidas más importantes que se han tomado y ejecutado de cara a la prevención y la transparencia en materia de corrupción y que debemos defender todos los sectores nacionales.
Finalmente, le exhorta a Abinader a que, en lugar de promover este tipo de retroceso, más bien promueva acciones tendentes a fortalecer la transparencia, la equidad y el buen desempeño de los actores del sistema de justica, en una sociedad como la nuestra en donde la impunidad sigue siendo vista como una cultura y la norma a seguir.
“En este momento lo que se hace necesario es que todo aquel que usa el dinero de los fondos públicos y se enriquece mediante procesos apartados de la legitimidad y las leyes, esté en la cárcel, para lo cual debemos fomentar y demandar que el sector justicia en pleno, sea más fuerte; que los órganos de control sean mucho más efectivos, en lugar de promover o incitar políticas que retrotraerían a épocas superadas en República Dominicana.
