SANTO DOMINGO.- El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, aseguró este jueves que la seguridad jurídica es una vacuna contra lo arbitrario y garantía de protección de derechos fundamentales, al dictar la conferencia “Justicia Constitucional y Seguridad Jurídica” en el marco de las XXII Jornadas de Derecho Constitucional: “La Legitimación de los Órganos de la Justicia Constitucional en el Siglo XXI”.
Consideró que el establecimiento del Tribunal Constitucional viene a completar la regulación constitucional de la seguridad jurídica, puesto que según el artículo 184 sus decisiones son definitivas, irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y los órganos del Estado.
“Esto permite afirmar que las decisiones del Tribunal generan una gran certeza en el ordenamiento jurídico, muy superior a la de la jurisprudencia ordinaria, en tanto que no se limitan a la unificación de criterios jurídicos para persuadir a los jueces y el resto de los actores que intervienen en los negocios jurídicos”, precisó.
Expresó que la seguridad jurídica constituye uno de los principios fundamentales del Estado de derecho y se sitúa como referente obligatorio dentro de la concepción de un Estado social y democrático de derecho.
Sostuvo que “en el Estado social y democrático de derecho de la República Dominicana, el principio de la supremacía de la Constitución, consagrado en el artículo 6 de la Carta Magna, puede ser considerado como la garantía máxima de la seguridad jurídica en la medida en que instaura un “gobierno de la Constitución”.
A renglón seguido dijo que “todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución”, agregando que “son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución reglamento o actos contrarios a la Constitución.
Recordó que estos presupuestos generales de la seguridad jurídica encuentran en el artículo 110 de la Constitucional una concreción expresa.
El magistrado Ray Guevara expuso que el referido artículo reza: “La ley solo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que este subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”.
Indicó que de entrada se observa que lo que se prohíbe es “la retroactividad entendida como incidencia de la nueva Ley en los efectos jurídicos ya producidos de situaciones anteriores, de suerte que la incidencia en los derechos, en cuanto a su proyección hacia el futuro, no pertenece al campo estricto de la retroactividad sino al de la protección de tales derechos, en el supuesto de que experimenten alguna vulneración.
Explicó que la multivocidad conceptual de la seguridad jurídica se refleja en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por la diversidad de asuntos en los que la ha utilizado para fundamentar sus decisiones.
El magistrado Ray Guevara indicó que en el Estado de derecho hay referencias precisas respecto de hasta dónde llega el poder público y desde dónde comienza la esfera inviolable de los derechos de las personas; lo cual elimina las arbitrariedades y las sorpresas en el ejercicio del poder”.
“Seguridad jurídica significa pues, garantías de estabilidad en el tráfico jurídico, respeto a las normas establecidas por parte de la autoridad, certeza de derecho y consecuente previsibilidad, confianza y predeterminación en la conducta exigible a los poderes públicos que conforman el Estado”, apuntó.
Dijo que el principio de la supremacía de la Constitución, consagrado en el artículo 6 de la Carta Magna, puede ser considerado como la garantía máxima de la seguridad jurídica, en la medida en que instaura un “gobierno de la Constitución”, estableciendo “todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, noma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico dominicano”.
En esos términos habló el presidente del TC, Milton Ray Guevara, al participar en la conferencia de la segunda jornada de trabajo, y quien fue presentado por el magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano, juez del TC.
