HOLANDA.- El Grupo de Familias de Víctimas Venezolanas presenta hoy ante el Tribunal Penal Internacional, en La Haya, una denuncia contra Nicolás Maduro y otros altos responsables de la represión chavista por crímenes contra la humanidad. Las acusaciones se sustentan en un documento dirigido a la Oficina del Fiscal de ese tribunal para su examen preliminar.
La petición se realiza con “urgencia” ante la proximidad de las elecciones legislativas del 6 de diciembre. El temor a que el Gobierno venezolano pueda reprimir con violencia protestas contra posibles irregularidades electorales aconseja que el Tribunal Penal Internacional pueda examinar cuanto antes la implicación de Maduro y otros altos cargos en la cruenta represión de las manifestaciones registrada en Venezuela desde febrero de 2014.
Así lo explican los impulsores de la denuncia, entre ellos Carlos Vecchio, coordinador nacional de Voluntad Popular, partido de Leopoldo López, condenado sin pruebas a trece años de prisión.
La lista de personas contra las que se dirige la denuncia permanece de momento en secreto. Fuentes conocedoras del caso confirmaron que se demanda directamente a Maduro, pero no precisaron si el resto de nombres que se mencionan en el documento son todos también objeto de denuncia. Entre esas personas al menos mencionadas están los gobernadores de Carabobo (Francisco Ameliach), Aragua (Tareck el Aissami), Táchira (José Gregorio Vielma Mora) y Mérida (Alexis Ramírez), quienes estuvieron al frente de la represión en sus respectivos estados.
También aparecen militares, como los jefes de la Policía Nacional (Eduardo Pérez Urdaneta), la Guardia Nacional (Antonio José Benavides) y el Servicio de Inteligencia (Manuel Gregorio Bernal Martínez y Gustavo Enrique González López). Estos últimos cuatro mandos ya fueron sancionados en marzo de 2015 por Estados Unidos por abusos de los derechos humanos.
El texto menciona asimismo al general Vladimir López Padrino, autor de la directiva de comienzos de este año que autoriza el uso de fuerza letal contra manifestantes; a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, quien desde las redes sociales animó expresamente a la violencia, y a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.
Se recuerda que algunas decisiones se tomaron en reuniones del Alto Comando de la Revolución a la que además de algunos ya citados asistieron los ministros Jorge Arreaza y Rafael Ramírez, y el alcalde del centro de Caracas, Jorge Rodríguez.
