Wasington. Un día después de una nueva matanza en un campus universitario en Estados Unidos los militantes contra estos accesos crónicos de violencia se preguntan cómo podría cambiar Estados Unidos su enfoque sobre las armas de fuego.
La masacre del jueves en el estado occidental de Oregon -que se saldó con diez muertos, entre los cuales el atacante, quien fue abatido por la policía- no parece cambiar las posiciones de los dos bandos.
De un lado se encuentran quienes se oponen a cualquier tipo de control sobre las armas, en nombre de la sacrosanta segunda enmienda de la Constitución.
Su argumento se basa en dos ideas básicas: ninguna ley podrá impedir que desequilibrados y criminales consigan un arma, o que abran fuego sobre una multitud; ante estos peligros, los ciudadanos tienen precisamente necesidad de armarse para defenderse.
Del lado opuesto, las asociaciones que luchan contra la libre proliferación de armas han perdido la esperanza en una adopción rápida por parte del Congreso de una ambiciosa ley nacional.
Han desplazado así su combate al terreno local donde, estado a estado, intentan convencer a los legisladores de que haya controles de antecedentes judiciales y psiquiátricos obligatorios de los interesados en comprar un arma.
El tiroteo de Oregon fue seguido del clásico esquema de reacciones indignadas -incluida la del presidente Barack Obama o del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon- y declaraciones de intención vagas, fundamentalmente de los candidatos a la elección presidencial de 2016.
«Cualquier expectativa de un cambio verdadero en un futuro cercano sería tomar deseos como realidades», dijo a la AFP Jimmy Taylor, autor de «American Gun Culture».
Y eso «pese a que el ejecutivo presiona» para ello, añadió, citando todos los intentos de reforma que quedaron por el camino y el enorme volumen de armas en circulación, que auguran nuevos episodios de violencia.
