La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional validó el fallo condenatorio emitido contra un ciudadano hallado culpable de cometer ilícitos en el consumo energético. La resolución judicial responde a la solicitud presentada por el Ministerio Público, mediante la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE).
Con esta determinación, el tribunal ratifica en todas sus partes la sentencia dictada originalmente el 17 de mayo de 2018 por los magistrados de la Octava Sala del Juzgado de Primera Instancia de dicha demarcación. El dictamen penal individualiza la responsabilidad civil y penal sobre Manuel Abel Rodríguez Reyes.
El proceso legal demostró que las acciones del encartado afectaron de forma directa las finanzas del Estado dominicano, así como el patrimonio de la empresa distribuidora Edesur Dominicana. Las autoridades comprobaron la transgresión flagrante de las normativas contenidas en la Ley 125-01, General de Electricidad.
El litigio penal estuvo a cargo del magistrado José Lenin Hernández, procurador fiscal adscrito a la PGASE, quien aportó las pruebas testimoniales y periciales pertinentes. Los elementos probatorios fundamentaron la decisión de los jueces de apelación Ramona Rodríguez López, Rafael A. Báez García y Daisy Indhira Montás Pimentel.
El tribunal confirmó para el procesado una pena de 20 días de privación de libertad bajo la modalidad de ejecución suspendida. Para mantener el beneficio de la libertad condicional, el sancionado deberá cumplir medidas de conducta que incluyen residir en un domicilio fijo, no portar armas y evitar el consumo desmedido de bebidas alcohólicas.
En el ámbito de las reparaciones económicas, Rodríguez Reyes fue compelido a saldar el pago de RD$115,589.40. Este monto corresponde a la tasación de la energía que fue consumida pero no facturada por la empresa distribuidora debido a la alteración del sistema.
Adicionalmente, el fallo judicial impone al sentenciado la obligación de resarcir a Edesur Dominicana, S.A. con una indemnización ascendente a los RD$200,000.00. Esta cifra busca compensar los daños materiales sufridos por la compañía como consecuencia directa de las conexiones irregulares.
La pieza acusatoria del órgano de persecución penal detalló que el infractor fue detenido en flagrante delito durante una inspección técnica. El operativo fue desplegado por los fiscales de la PGASE en atención a una querella previa radicada por el personal jurídico de la distribuidora eléctrica.
La fiscalización se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la calle Bernardo Correa y Cidrón, dentro del sector de la Zona Universitaria. En el lugar, los técnicos constataron la existencia de una conexión directa de 120 voltios que enlazaba el panel de distribución general con el establecimiento comercial del imputado, operando al margen de la ley sin poseer contrato ni medidor de consumo.
