SANTIAGO, República Dominicana.– Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago dictó tres meses de prisión preventiva contra siete hombres señalados como responsables de la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, ocurrida tras una persecución que culminó en el área del Palacio de Justicia de esta ciudad.
Los imputados, identificados como Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz, habrían actuado de manera conjunta para perseguir y atacar a la víctima, quien se desempeñaba como conductor de un camión recolector de desechos sólidos.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, el hecho se originó mientras Abreu Quezada transitaba por la Circunvalación Sur, en el sector Ensanche Bermúdez. En ese momento, un motociclista —actualmente prófugo— intentó obligarlo a detenerse alegando un presunto roce entre vehículos. Sin embargo, el conductor continuó su trayecto al percibir una actitud violenta por parte de los involucrados.
Las autoridades señalan que el motorista colocó su motocicleta frente al camión con la intención de detenerlo, pero el conductor siguió avanzando, arrastrando el vehículo. A partir de ese momento, varios individuos iniciaron una persecución que se extendió por varios kilómetros.
La víctima buscó refugio en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde finalmente fue alcanzada y atacada por el grupo. Producto de las heridas recibidas, falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital del Seguro Social Presidente Estrella Ureña.
El Ministerio Público indicó que, tras el levantamiento de pruebas materiales, documentales y testimoniales, se pudo establecer que los acusados actuaron de forma organizada, rodeando a la víctima con la intención de agredirla mortalmente.
Las fiscales encargadas del caso, Joanna García Rivas y Luisa García, presentaron evidencias que vinculan directamente a los imputados con el crimen, incluyendo registros videográficos en los que se escuchan expresiones incitando a la agresión.
Como parte de las pruebas, las autoridades también ocuparon un cuchillo de caza de color negro, presuntamente utilizado por uno de los acusados para ocasionar la herida que resultó fatal.
El juez José Rafael De Asís ordenó que la medida de coerción sea cumplida en los centros de corrección y rehabilitación de Rafey (Santiago), La Isleta (Moca) y El Pinito (La Vega).
El órgano acusador ha calificado provisionalmente los hechos como asociación de malhechores y homicidio, sustentado en varios artículos del Código Penal Dominicano.
