Autor: Jonathan Baró Gutiérrez
Miembro del Ministerio Público
Hay momentos en que uno percibe que el país entra en una especie de estado de alerta silenciosa. No lo anuncia ninguna autoridad ni aparece en los titulares principales, pero se siente. Empiezan a circular audios, casi siempre con urgencia. Cambia el tono de las conversaciones. Las madres preguntan más. Los vecinos se observan con desconfianza. Alguien advierte que «andan llevándose niños». Nadie dice quién; en ocasiones no se precisa dónde, ni la identidad del denunciante. Y, sin embargo, el miedo ya está instalado.
No es la primera vez que ocurre. Cada cierto tiempo, la misma historia reaparece con pequeñas variaciones, como si se tratara de un guion que se adapta a la época. Antes era el rumor de barrio; hoy es el audio reenviado. Lo que no cambia es el efecto: la angustia colectiva, la sospecha generalizada y la sensación de que algo terrible está ocurriendo, aunque nadie pueda demostrarlo.
Vivimos en tiempos donde la emoción se impone a los hechos. En esta era de la posverdad, una historia bien contada, aunque sea falsa, puede parecer más real que la realidad misma. Algo parecido ocurrió en 1938, cuando Orson Welles transmitió por radio La guerra de los mundos. No era una invasión marciana, pero muchos lo creyeron. No por ingenuidad, sino porque la narración tenía forma de noticia y nadie se detuvo a verificarla.
Hoy, ochenta y siete años después, no necesitamos una radio nacional: basta un teléfono y un botón de reenviar.
Esto no implica que hayan sido ni que vayan a ser víctimas de tráfico de órganos. Sería un acto de profunda irresponsabilidad afirmar que en la República Dominicana no desaparecen niños. Esa es una verdad dolorosa. Muchos de esos menores son encontrados con vida, gracias al trabajo de las autoridades y a la presión social que moviliza búsquedas urgentes. Otros, lamentablemente, no corren la misma suerte: terminan siendo víctimas de homicidios atroces, cometidos por individuos que deben responder ante la justicia sin contemplaciones, o simplemente nunca aparecen.
A esa realidad se suman otras formas de violencia que no siempre reciben la misma atención mediática: niños que aparecen agredidos sexualmente, menores heridos, golpeados, explotados o marcados por abusos que dejan secuelas físicas y emocionales difíciles de reparar. Esto ocurre y duele.
Según cifras oficiales, entre 2017 y 2024 se reportaron más de 1,700 desapariciones en la República Dominicana, una cifra que no incluye todos los casos no denunciados y que evidencia la magnitud del problema real que enfrentan familias y autoridades. Sin embargo, ningún registro oficial respalda la narrativa de redes que asocia esas desapariciones con supuestas redes de tráfico de órganos.
Hay un dato que incomoda, pero que no puede seguir esquivándose: en muchos de estos casos, las agresiones contra niños no provienen de extraños, ni de figuras misteriosas que acechan desde la calle, sino del propio entorno familiar o de personas cercanas, de aquellos espacios donde el menor debería estar más seguro. Esa realidad obliga a mirar hacia adentro, no solo hacia afuera, y a entender que el peligro muchas veces no llega disfrazado de desconocido, sino de confianza.
Una cosa es reconocer esas tragedias reales y otra muy distinta es permitir que se instale, sin pruebas, la narrativa de supuestas redes dedicadas a secuestrar niños para extraerles órganos. En ese punto, los hechos son claros: no existen investigaciones concluidas, acusaciones formales ni sentencias en la República Dominicana, al menos en los últimos veintidós años, que confirmen esa práctica. El rumor insiste. La evidencia no aparece.
Decir esto no implica negar el delito. El tráfico ilícito de órganos sí existe y constituye una de las formas más graves de trata de personas, también reconocida y sancionada en la República Dominicana. Es una modalidad que se aprovecha de la pobreza, del engaño y de la desesperación humana.
Lo que no existe es la versión cinematográfica del delito, en la República Dominicana. Esa que el imaginario colectivo ha construido a partir de películas como Taken o Tráfico Humano, donde redes omnipotentes secuestran personas al azar, operan con total impunidad y actúan a plena luz del día. El cine necesita exagerar para impactar; la realidad, en cambio, suele ser más silenciosa, más burocrática y, precisamente por eso, más difícil de detectar.
No hay niños raptados en las calles de nuestro país para ese fin, ni vehículos recorriendo barrios en busca de víctimas infantiles. Cuando este delito ocurre, lo hace de otra manera: estructurada, encubierta, con intermediarios, documentos falsos y una apariencia de legalidad cuidadosamente construida.
El caso de Costa Rica ayuda a entenderlo mejor. Allí, la justicia logró desmantelar una red dedicada a la trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos. No fue una sospecha ni una denuncia aislada. Fue una investigación penal extensa que terminó en condenas firmes, confirmadas por tribunales superiores.
Las víctimas eran personas adultas, en situación de vulnerabilidad económica. No fueron secuestradas. Fueron captadas mediante engaño y promesas de dinero. A cambio de entregar un riñón, recibían pagos que oscilaban, según los casos documentados, entre tres y diez millones de colones costarricenses, equivalentes aproximadamente a cinco mil a veinte mil dólares estadounidenses. Muchas de ellas jamás recibieron información clara sobre los riesgos médicos ni sobre las consecuencias a largo plazo.
Para ocultar el pago, se firmaban declaraciones juradas falsas, simulando donaciones altruistas. Las cirugías se realizaban en clínicas privadas, con la participación de profesionales de la salud que traicionaron su juramento. No hubo niños secuestrados. Hubo pobreza, engaño y corrupción.
Los audios alarmistas no protegen a los niños que desaparecen, ni a los que son abusados, ni a los que resultan heridos por la violencia real. Generan pánico, erosionan la confianza social y pueden provocar reacciones injustas contra personas inocentes. Pero, sobre todo, desvían la atención de los verdaderos riesgos, de las formas concretas en que la niñez es vulnerada y de las respuestas que sí hacen falta.
Como ocurrió con Orson Welles, el problema no fue solo la historia contada, sino la ausencia de cuestionamiento. Cuando el miedo ocupa el lugar del análisis, la mentira se instala con facilidad y termina haciendo más daño que aquello que dice combatir.
He de reconocer que el tráfico de órganos es una forma de trata de personas y que ha ocurrido en otros países, con cifras y condenas comprobadas; no contradice afirmar con firmeza que en la República Dominicana no existen pruebas de secuestros de niños para esos fines. Ambas cosas pueden decirse al mismo tiempo, con responsabilidad y sin estridencias.
Cuidar a nuestros niños exige vigilancia, acompañamiento y responsabilidad, pero también cabeza fría y sentido crítico. No podemos permitir que el miedo, alimentado por rumores, sustituya a la verdad ni que la desinformación nos haga mirar en la dirección equivocada. Estar atentos no significa vivir aterrados; significa actuar con información, fortalecer los entornos familiares y comunitarios, denunciar a tiempo y no bajar la guardia frente a las violencias reales que sí existen. La protección de la niñez no se construye desde el pánico, sino desde la conciencia, la prevención y la verdad.
