SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fija para el próximo mes de septiembre la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta a los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta, de Hacienda y Administrativo, respectivamente, quienes cumplen prisión preventiva por su vinculación al entramado de corrupción administrativa desmantelado con la Operación Calamar.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), detalló que la audiencia para la revisión de la medida fue dejada sin efecto y fijada para el próximo 1 de septiembre del presente año, conforme la confirmación de la medida de coerción por la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
“Hoy acudimos a esta audiencia porque fue fijada en la audiencia de medida de coerción, pero no procedía la revisión por dos razones: los imputados que tienen como medida de coerción la prisión preventiva apelaron, y, como consecuencia de la apelación, se mueve la fecha de la revisión, por eso el tribunal ha fijado esa revisión para el 1 de septiembre del presente año. Con relación a los que tienen arresto domiciliario, esa revisión solo puede hacerse a solicitud de parte, y, ninguna de las defensas en el día de hoy había solicitado la revisión de la medida de coerción”, dijo a periodistas que lo abordaron cuando salía del tribunal.
En ese sentido, explicó que en virtud de que esas defensas no solicitaron la revisión, “el Ministerio Público pidió al tribunal dejar sin efecto esta revisión, conforme lo que establece el Código en su artículo 239 y el tribunal ha acogido el pedimento del Ministerio Público y ha dejado sin efecto el conocimiento de la audiencia”.
El artículo 239 del Código Procesal Penal establece, entre otros, que la revisión obligatoria de la medida de coerción se realiza cada tres meses y que el cómputo del término se interrumpe en caso de recursos contra esta decisión, comenzándose a contar íntegramente a partir de la decisión respectiva.
Sobre si se han sumado otros imputados a los acuerdos con el Ministerio Público, Camacho respondió: “Como en otros casos, en este caso el Ministerio Público siempre ha tenido abiertas las puertas para que personas que estén en condición de colaborar se acerquen al Ministerio Público, pero, como ustedes saben, en el momento oportuno, una vez estemos listos en los tribunales, entonces daremos a conocer los detalles de los acuerdos”.
La jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, adoptó la decisión de dejar sin efecto la audiencia porque los imputados habían apelado la decisión que le mantiene en prisión y al serle ratificada la medida de coerción por parte de los jueces de la Corte de Apelación, el pasado 2 de junio, entonces se renuevan los plazos para la revisión obligatoria.
Los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta cumplen 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal, luego de que a principios del pasado mes de abril la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, dictara dicha medida.
Además del titular de la Pepca, el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Arolin Lemos, Melbin Romero, Héctor García, Rosa Ysabel y Elvira Rodríguez.
El expediente de la Operación Calamar posee más de tres mil páginas y más de 1,200 elementos de pruebas, las cuales detallan cómo los miembros de esta red sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado, los cuales, sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas, totalizan más de 19 mil millones.
De los 20 señalados en el expediente presentado por el Ministerio Público, los imputados Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández de Paola, Oscar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación, admitieron su participación en esta estructura de corrupción desarticulada en la Operación Calamar.
Junto a los imputados antes mencionados, en el expediente también figuran el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; el ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Igualmente, Yahaira Brito Encarnación, Aldo Antonio Gerbasi y Ramón David Hernández.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los procesados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.
Además, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
