La Corte Penal Internacional ha emitido este viernes una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladímir Putin, bajo la presunción de crimen de guerra por la deportación forzada de niños Ucranianos desde zonas capturadas durante la guerra de Ucrania a territorio ruso.
El tribunal también ha emitido una orden de arresto por el mismo motivo contra la comisaria presidencial de los derechos humanos de la Infancia de la federación Rusa, Maria Alekseievna Lvova-Belova, según consta en un comunicado. Rusia no ha ratificado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, por lo que no es miembro de este tribunal, como tampoco lo es Ucrania, pero Kiev sí ha autorizado a la Corte a investigar la comisión de crímenes de guerra durante la conocida como «operación militar especial» rusa en Ucrania.
La CPI identificó en su petición de orden de detención la deportación a Rusia de “al menos cientos de niños sacados de orfanatos y hogares de cuidado infantil” ucranianos, en el contexto de “actos de agresión” del Ejército ruso contra Ucrania.
La Haya entiende que hay «motivos razonables» para creer que Putin «tiene responsabilidad penal individual» por estos delitos, bien por su comisión «directa» o por haber sido incapaz de «ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos».
Según una investigación periodística de la Unión Europea de Radifusión en la que participó RTVE, Lvova-Belova esta en el centro del secuestro de centenares de niños ucranianos que fueron trasladados de forma forzosa a Rusia desde los territorios ocupados por las tropas del Kremlin.
