SANTIAGO (República Dominicana). – El Ministerio Público adscrito a la Junta Central Electoral (JCE) obtuvo un año de prisión preventiva como medida de coerción en contra de un ciudadano haitiano que enfrenta cargos por suplantación de identidad y uso de documentos falsos.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente impuso la medida de coerción a Linto Tragelhomme Sanon, imputado de suplantar la identidad del dominicano Kelvys de Jesus Ynoa Martínez, nacido en la ciudad de Santiago de los Caballeros.
La fiscal adscrita a la Junta Central Electoral, Esther González Peguero, presentó diferentes evidencias que fueron tomadas en cuenta por el juez Cirilo Salomón Sánchez para imponer la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público por la violación de los artículos 147 y 148 del Código Penal Dominicano y el artículo 14 de la Ley 8-92, sobre Cédula de Identidad y Electoral.
La solicitud de medida de coerción detalla que para cometer los hechos el imputado se presentó a la Oficialía del Estado Civil del municipio Villa González y una vez allí intentó obtener la cédula de identidad a nombre Kelvys de Jesús Ynoa Martínez, utilizando para ello una cédula de identidad falsa, que había adquirido a través de un buscón y/o tributario al cual le habría pagado la suma 5 mil pesos.
La instancia explica que inmediatamente el encartado presentó la documentación y se realizó la verificación en el sistema, se detectó la falsedad.
Expresa que una vez la asistente del Centro de Servicio de la Junta Central Electoral se percató de la irregularidad dio aviso a la Dirección de Seguridad Civil de esa entidad, quien a su vez solicitó la presencia del Departamento de Investigaciones de Falsificaciones de la Policía Nacional.
Al lugar se presentó una unidad de dicho departamento que procedió al registro personal del procesado y le ocupó en su poder un acta de nacimiento original a su nombre Linto Tragelhomme Sanon, quedando este bajo arresto.
Un comunicado de prensa del Ministerio Público destaca que la investigación fue realizada en coordinación con el Departamento de Falsificaciones de la Policía Nacional y la Dirección de Seguridad Civil del órgano electoral.
El documento resalta que esta nueva acción contra los delitos de suplantación de identidad se enmarca en el trabajo en conjunto que desarrollan el Ministerio Público y la Junta Central Electoral.
