La Pepca destaca la fortaleza del expediente del caso Coral G5, del cual dijo que, como los demás, está blindado
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- “El expediente es tan voluminoso como la cantidad de hechos que han cometido las personas que están involucradas, la cantidad de bienes que estas personas han adquirido con el dinero sustraído del erario y con la cantidad de pruebas con que cuenta el Ministerio Público para sustentar esta medida de coerción”, sostuvo el procurador adjunto Wilson Camacho respecto al Caso Coral 5G.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que dirige Camacho, depósito el pasado viernes la solicitud de medida de coerción en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional contra 13 detenidos durante la Operación Coral G5, para quienes pide 18 meses de prisión preventiva y que se declare el caso de tramitación compleja.
“Nosotros estamos concentrados en trabajar. Nosotros estamos concentrados en una cuestión muy clara: La corrupción no tiene espacio donde esconderse en República Dominicana”, comentó este domingo el representante del Ministerio Público, previo a la audiencia en la que se conocerá la medida de coerción para los imputados.
En ese sentido, sostuvo que “no podrá esconderse detrás de un uniforme ni un rango militar, y no podrá esconderse porque eso no es justo, y no es justo, sobre todo, para los hombres y mujeres que dignifican el uniforme, y no es justo para los hombres y mujeres que ven afectadas sus vidas dentro de los cuerpos castrenses, porque el dinero que debiera servir para mejorar su calidad de vida es sustraído por un grupo de personas que se enriquecen y viven de lujo a costa del bienestar de la mayoría de los miembros de las fuerzas armadas”.
Explicó que Coral 5G es una continuación de la Operación Coral, por lo que expuso que, siendo los mismos hechos y las mismas personas, lo que procede es que estos casos vayan a un mismo tribunal control y, de esta manera, incluso, por economía procesal, que sea llevado en un mismo espacio donde actuarán los mismos representantes del Ministerio Público.
Camacho habló del caso tras responder preguntas de periodistas de la fuente judicial que lo abordaron en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, previo al inicio del conocimiento de la medida de coerción.
El juez Emmanuel López, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, conoce este domingo la solicitud de coerción presentada por el Ministerio Público.
El órgano persecutor de la corrupción depositó a tales fines más de 700 pruebas que vinculan a los imputados al entramado de corrupción administrativa desmantelado con la Operación Coral 5G.
La medida fue solicitada en contra de los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Julio Camilo de los Santos (FARD) y Boanerges Reyes Batista (ERD), así como del capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).
También, contra el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, el primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.
El auto de solicitud cuenta con más de 600 páginas, incluyendo documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y una serie de elementos probatorios.
En la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción también representan al Ministerio Público Mirna Ortiz, coordinadora litigación de la Pepca; Miguel Collado, María Melenciano, Jonathan Pérez, Emmanuel Ramírez, Arolin Lemos Féliz y Melvin Romero.
El grupo de imputados de la Operación Coral 5G es custodiado por el sistema penitenciario en el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional (Caplip) del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.
A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, las autoridades les han ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.
La Operación Coral 5G se ejecutó en el marco de 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
Previo a estos operativos, y a consecuencia de la Operación Coral, ya cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.
