Santo Domingo. El Ministerio Público irá más allá y profundizará las pesquisas con relación al supuesto entramado militar, policial, social y religioso para desfalcar al Estado sindicado al mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia (Cusep).
La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, afirmó ayer que en las próximas semanas continuarán los operativos y otras diligencias para ampliar las investigaciones.
“En el transcurso de las siguientes semanas el Ministerio Público estará haciendo y desplegando todavía muchas más diligencias de investigación, decenas de diligencias de investigación que a diario estamos haciendo”, afirmó la procuradora adjunta ante la pregunta sobre si serán sometidos otros militares mencionados en el caso.
De acuerdo a las pesquisas arrojadas de la Operación Coral, el ex subjefe de la Policía Nacional, Neybi Pérez; el expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Félix Alburquerque Comprés, y el actual director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Carlos Robiou, habrían recibido recursos del alegado entramado que supuestamente estafó al Estado desviando fondos de cuerpos castrenses.
“Evidentemente que en esta fase del proceso no se dan detalles, lo que sí nosotros podemos informar es que el MP seguirá profundizando las investigaciones con relación a este y otros casos (de corrupción) y ustedes entenderán que por razones de proteger la misma investigación no podemos en este momento dar detalles”, indicó Reynoso tras salir del tribunal que tenía previsto conocer la medida de coerción contra los imputados Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán, el cabo policial Tanner Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel Rafael Núñez de Aza y el teniente coronel Raúl Alejandro Girón, aplazando la vista para mañana viernes.
En tanto que el titular de la Pepca, Wilson Camacho, dijo que contra los imputados el órgano acusador tiene evidencias “abrumadoras y fulminantes”.
De su lado, las defensas de Cáceres Silvestre y del coronel Núñez de Aza indicaron que el Ministerio Público tendrá que probar las acusaciones en contra de sus clientes.
El abogado Cristian Jiménez, quien representa a Cáceres Silvestre, dijo, además, que el mayor general no ha sido suspendido del Ejército.
Mientras que el abogado Félix Portes afirmó que Núñez de Aza, antes de que supuestamente se comenzara a crear el entramado, ya tenía un capital suficiente y no se enriqueció ilícitamente.
Los imputados están acusados de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
Director de CESTUR pone su cargo a disposición
El general de brigada piloto Juan Carlos Torres Robiou, de la FARD, puso a disposición del presidente de la República, Luis Abinader, su cargo como director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Torres Robiou en una carta dirigida al ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, dice que tomó esta decisión “con el propósito de facilitar que el MP, avance sin obstrucción alguna la investigación que tiene en curso.
Bloqueo a la prensa y vecinos de la pastora
Entre misterio y silencio se observa los alrededores de la residencia de la pastora Rossy Guzmán implicada en la Operación Coral. El condominio residencial J &J II, está ubicado en una zona aparentemente residencial de la calle 12 con esquina 5, en el sector Villa Aura en Santo Domingo Oeste.
Los moradores al ser preguntados sobre el caso de corrupción al que se vincula la pastora, indicaron desconocerla, mostraron sorpresa por la noticia y que uno de los acusados residiera en el referido lugar.
Por otro lado, la directora de Comunicaciones de la Presidencia, Milagros Germán, se enfrentó ayer con los periodistas que cubren la fuente del Palacio Nacional al limitar a la prensa de hacer preguntas al ministro de Defensa y al director de la Policía, Carlos Luciano Díaz Morfa y Edward Sánchez, respectivamente, sobre si esas instituciones tenían previsto realizar auditorías a sus miembros para determinar si ha habido enriquecimiento ilícito de estos, a propósito de los casos que han salido a la luz en la Operación Coral y que involucran a agentes y oficiales de esas entidades.
El enfrentamiento se produjo durante una rueda prensa en la Casa de Gobierno.
