Santo Domingo. A pesar del cambio del gobierno, el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre y su socia la pastora Rossy Guzmán seguían haciendo operaciones ilícitas para desviar fondos públicos de instituciones castrenses, establecieron los fiscales anticorrupción durante su investigación.
De acuerdo al Ministerio Público, estos continuaban recibiendo dinero producto de las maniobras fraudulentas, debido a que colocaron de forma estratégica personas que pertenecen a la red (militar, societaria y religiosa) que le responden, además de las acciones de distracción del dinero, a evitar que evidencias importantes para las investigaciones que realiza el órgano acusador lleguen a sus manos.
Por ejemplo, detallan en la solicitud de medida de coerción, en febrero de este año 2021, lograron obtener de forma ilícita del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) RD$1,271,100. Supuestamente este dinero fue distribuido entre Cáceres Silvestre, el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, programador de nóminas del Cestur e imputado en este caso; y el ex subjefe de la Policía Nacional, Neybi Pérez Feliz (que no fue apresado), a quien le entregaron RD$ 100,000.00
¿Cómo funcionaba todo?
Las pesquisas arrojaron que cuando en el 2012, el expresidente Danilo Medina llegó al poder, Cáceres Silvestre comenzó a crear un entramado militar-policial, social y religioso para distraer fondos del patrimonio público.
Para crear la red criminal, y desviar el dinero público, Cáceres Silvestre supuestamente constituyó un entramado junto a la pastora Rossy, quien era, además, asimilada de la Policía Nacional, el coronel policial Rafael Núñez de Aza, exdirector financiero del Cusep y del Cestur; el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa) y otros investigados para distraer el dinero y ocultarlo.
El desvío de los fondos, indican las pesquisas, consistía en lo siguiente: distraían millonarios fondos de los viáticos, la compra de combustibles, las raciones alimenticias e inteligencia.
Para esto, presuntamente, el mayor Girón Jiménez dentro de la estructura criminal tenía la función de recolectar el dinero de un personal que cobraba en nómina del Cestur, también de los viáticos y supuestos gastos de inteligencia y raciones alimenticias, a los cuales les descontaban un porciento que iba destinado a la red criminal.
Indican los fiscales que en promedio era recaudado por concepto del personal pagado a través de nómina la suma RD$3, 000,000, por viáticos RD$2, 000,000 y por gastos de inteligencia RD$500,000, todo este dinero era sustraído de las cuentas del Cestur.
Las indagatorias que realizó la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sostienen que además de esto, Cáceres Silvestre nombró a cientos de policías y militares en el Cestur y el Cusep y les asignaba sueldos de entre los RD$20 mil y RD$70 mil mensuales, pero estos debían entregarle hasta el 80 % del monto. Estaban en la nómina pero no trabajaban.
“La diferencia entre lo pagado y la dádiva iba a distintos miembros de la organización quienes debían entregarlos a los miembros de la organización en las formas que se detallan en los depósitos y transacciones de la presente solicitud de medida de coerción”, precisa el documento depositado el pasado lunes ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.
La función del coronel Núñez de Aza
En esta tarea, era imprescindible la ayuda del coronel Núñez de Aza, dice el Ministerio Público, pues alegadamente la permanencia de este como director financiero del Cusep y del Cestur (al mismo tiempo) le permitía a Cáceres Silvestre mantener un control discrecional y poco estricto de los fondos que administraba, los cuales, ascendieron a unos 3 mil millones de pesos durante sus ochos años de gestión al frente del Cusep.
Supuestamente era el cerebro financiero del entramado. Núñez de Aza logró ascender “de forma vertiginosa” en las filas policiales, pues el 16 de agosto del 2012 fue promovido al rango de mayor, con menos de cinco meses en el rango de capitán. Posteriormente, en marzo del 2016 fue ascendido a teniente coronel y marzo del 2020 a coronel, llegando a dicho rango con solo 13 años en las filas, “sumamente rápido para alguien que no había sido egresado de la academia”.
Otras de las acciones en el manejo administrativo que, supuestamente, le permitía a Cáceres Silvestre apropiarse de los dineros públicos, dice el ente persecutor del crimen, se evidencia en irregularidades encontradas en la nómina del Cusep y en las compras discrecionales de “supuestos alimentos” durante el período 2012-2020, los cuales continúan bajo la investigación y auditoria de los equipos financieros de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Un ejemplo de esto, es que las investigaciones del Ministerio Público arrojaron que el vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, quien comenzó a dirigir la DNCD en enero de 2019, se asoció con Cáceres Silvestre para desfalcar el Estado dominicano mediante el desvío de fondos de la entidad a la cuenta de la empresa disfrazada de organización sin fines de lucro, Asociación Campesina Madre Tierra.
La asociación no estaba inscrita como suplidora del Estado, sin embargo, explica el órgano acusador, esta reflejó un pago de la DNCD por concepto de compra de huevos por un valor de 525 mil pesos.
Pero, detalla la solicitud de medida de coerción, la DNCD, mediante el oficio No. 0875, de fecha 13/04/2021, certifica que en su sistema no existen registros de pagos alguno a la Asociación Campesina Madre Tierra.
“Lo que evidencia de forma clara la coalición de funcionarios entre el imputado Adán Cáceres Silvestre y el vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, ARD, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, para ese periodo, para desfalcar el Estado dominicano mediante el desvío de fondos públicos, a la cuenta de la empresa disfrazada de asociación, la Asociación Campesina Madre Tierra, que es propiedad de los imputados Adán Benoni Cáceres Silvestre y Rafael Núñez de Aza (coronel de la Policía)”, precisaron los fiscales en el documento.
El “modus operandi” supuestamente consistía en hacer depósitos en efectivo, que en muchos de los casos eran realizados por Lizss Félix de León Díaz, quien fungía como encargado del Departamento de Compras de la DNCD, “no dejando rastros en los registros del departamento financiero de la referida institución”.
Otra de las modalidades realizadas por la red para obtener fondos, establecieron los fiscales, era mediante las cuotas que debían entregar distintas unidades y organismos de seguridad del Estado.
“Había una red de personas, entre ellas José Ramón Santos Jiménez, Vicente Girón Jiménez, Erick Brea Rosario y Juan Ramón Tejada Hilario que se encargan de hacer depósitos para la colocación de los fondos distraídos del patrimonio del Estado, pero que finalmente terminaban de manera directa o indirecta (en poder) de los imputados”, indica la solicitud de medida de coerción.
Falsificaron sellos de la Contraloría
Y eso no se queda allí, presuntamente utilizaron militares y policías que se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificación que realmente eran fondos detraídos del patrimonio púbico.
Para todas las acciones fraudulentas, presuntamente los imputados falsificaron sellos de distintas instituciones públicas como la Contraloría General de la República para darle apariencia licita a las operaciones que buscaban distraer los fondos del Estado y para alterar y maquillar la nómina.
Todo el dinero desviado lo convirtieron en empresas disfrazadas de organizaciones sin fines de lucro para lograr eludir la fiscalización de las sociedades comérciales y blanquear capitales de procedencia ilícita e injustificada, dicen los fiscales anticorrupción.
Indica que los imputados adquirieron decenas de bienes millonarios (casas, apartamentos, autos lujosos y de última generación, fincas, empresas, cuentas bancarias) para colocar los activos distraídos del patrimonio público y hacerse titulares a través de personas físicas y jurídicas de cuantiosas fortunas.
Además, presuntamente utilizaron como escudo organizaciones religiosas de la pastora Rossy, “En una maniobra propia del crimen organizado que busca disfrazar operaciones de lavado de activos millonarias”, dice el Ministerio Público.
En esta maniobra, es que entran la pastora Rossy, su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán (el cabo policial), el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez y otros investigados, no apresados en esta fase, quienes supuestamente fungían como testaferros.
La imputada Rossy fue asimilada de la Policía Nacional, desde febrero del 2016 hasta noviembre del 2020, adscrita al Cusep, que dirigía Cáceres Silvestre, devengando un sueldo de 10 mil pesos dominicanos. Según los fiscales constituyó varias empresas para lavar dinero del militar.
Está vinculada a ocho empresas, en cuatro de ellas posee participación accionaria, más del cincuenta por ciento de las acciones, “por lo tanto, es la beneficiaria final”.
Entre las empresas del alegado entramado figuran Único Real State e Inversiones, Shalom Tierra de Paz, Asociación Campesina Madre Tierra, Inverosa S.A, Universo Company EIRL, Universo Empresarial (2013), Único Real State e Inversiones SRL (2015). Las mismas eran manejadas por la líder religiosa pero en realidad pertenecen a Cáceres Silvestre.
Por ejemplo, detalla el órgano investigador, la Asociación Campesina Madre Tierra es de las primeras empresas (disfrazada de ONG) formada por Cáceres Silvestre, el coronel Núñez De Aza, con la intervención de Rossy. Esta organización, supuestamente recibía cientos de millones de pesos, a través de depósitos en efectivo, hechos por militares subalternos de los coimputados y luego lo invertían en compras de propiedades inmuebles y vehículos de motor.
Detalla la solicitud de medida de coerción, que la Asociación Campesina Madre Tierra, el pasado año 2020 fue el de mayores ingresos, llegando a percibir “la exorbitante suma económica de RD$ 340,854.69, a pesar de ser un año electoral y encontramos bajo la pandemia generada por el denominado virus covid-19, y con esto el cierre del país, debido a las medidas de restricción de movilidad ciudadana por efecto de los decretos presidenciales”.
Empresas recibían los fondos públicos
Tanto la Asociación Campesina Madre Tierra como la empresa Único Real State e Inversiones SRL recibían fondos de algunas instituciones castrenses por concepto de “compras de huevos”, “compras de ganado”, y otros depósitos sin concepto, para los cuales utilizaban al imputado cabo de la Policía Nacional Eric Daniel Pereyra Núñez (no apresado), entre otras personas investigadas.
Para conformar la compañía Único Real State e Inversiones SRL el cabo Tanner Antonio Flete Guzmán prestó su nombre juntamente con su madre, la imputada Rossy, siendo titular del 40 % de las acciones.
Dentro de la entidad, Flete Guzmán mantenía una participación activa, ya que supuestamente mediante las distintas actas de asambleas, conjuntamente con la pastora, autorizó la compra y venta de distintos inmuebles propiedad de la empresa, como los que luego serían traspasados a Cáceres Silvestre.
Flete Guzmán ingresó como alistado a las filas de la Policía Nacional en abril del año 2017, siendo asignado inmediatamente después de su nombramiento, al Cusep, por el vínculo de este y su madre con el jefe de dicha institución, Cáceres Silvestre. En la actualidad percibe un sueldo RD$16,240.53.
Las demás empresas
En el entramado social y religioso creado por los imputados anteriormente descritos, con el objetivo de captar y blanquear capitales provenientes de sus actividades ilícitas, para luego movilizar y transferir a su destinatario final, supuestamente también estaban implicadas las entidades Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve, y la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo.
Los fiscales explicaron que, por ejemplo, el Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve, ubicado en Villa Mella, está bajo el control absoluto de familiares directos de Cáceres Silvestre; su cuñado Santiago Antonio Suarez Peguero, funge como vicepresidente y su hermana Anabel Cáceres Silvestre como secretaria.
Indicaron que en la cuenta bancaria de la Asociación Campesina Madre Tierra se han identificado 46 cheques que esta organización giró a favor del Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve, por la suma de RD$13, 202,372.80.
También precisaron que los imputados Cáceres Silvestre y Núñez De Aza, utilizaban militares de confianzas y relacionados directos para el depósito de dinero en efectivo a la cuenta de la Asociación Campesina Madre Tierra, utilizando para esto la modalidad del pitufeo (que consiste en depositar pequeñas sumas de dinero en efectivo para evitar los controles de riesgo).
Destruyeron y fabricaron evidencias
Los imputados, aseguró el Ministerio Público, destruyeron y fabricaron evidencias con el objetivo de evitar que las investigaciones del Ministerio Público pudieran identificar la red criminal. “A raíz que habían iniciado las investigaciones del Ministerio Público, se trató de encubrir el apartamento en referencia en una supuesta acta de asamblea del 21 de diciembre del 2020, donde se trata de pasarle un apartamento como supuesto pagoa o Vicente Girón de la Cruz, quien vive en Estados Unidos, pero eso es mentira”, dice el órgano acusador.
Hoy conocerán la medida de coerción
Al general Cáceres Silvestre, la pastora Rossy, el cabo Tanner Flete Guzmán, el coronel Rafael Núñez de Aza y el teniente coronel Raúl Alejandro Girón se le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
El grupo fue apresado el pasado sábado durante la Operación Coral y desde permanecen detenidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Hoy se les conocerá medida de coerció a las 11:00 a. m.
El Ministerio Público pide que a los imputados que se les imponga prisión preventiva por considerar que es la medida idónea para salvaguardar el desarrollo de la investigación.
Y, además, solictan e declare el caso de tramitación compleja, debido a la cantidad de imputados y a la gravedad de los hechos que les atribuyen en perjuicio del patrimonio público.
El Ministerio Público afirmó que reúne suficientes evidencias para lograr la prisión preventiva contra los cinco prevenidos.
