Necesidad de cambio y eficiencia en el Transito Público

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EDITORIAL

Una vez el gobierno de Luis Abinader Corona llegó al poder, ha realizado muchos cambios que se pueden admitir como positivos y que son reconocidos por la población, sin embargo en materia de trasporte, tránsito y desplazamiento por las vías públicas, ha sido un verdadero caos, una improvisación sin límite ni comparación.

Choques permanentes entre los agentes de la digesset y los ciudadanos que utilizan la vías públicas, multas sin comparación y sin límites, incluso abusivas, son el pan nuestro de cada día y para completar, tapones hasta de dos horas de una esquina a otra, sin que desde la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), se diga ni siquiera ¨esta boca es mía¨.

Cada gobierno dominicano se atribuye el derecho constitucional de designar al director general, de lo que ahora se denomina según la Ley 63-17, Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), antes llamada Autoridad Metropolitana de Trasporte (AMET), pero habría que preguntarse ¿Tienen esos directores la pericia y capacidad administrativa suficiente y requerida, para dar continuidad a las políticas públicas de trasporte, movilidad y seguridad vial que necesita la nación dominicana?

Es evidente que los últimos gobiernos, en especial el gobierno actual del PRM y los ayuntamientos, no tienen una política de tránsito, trasporte y seguridad vial definida y eficiente y que el fracaso es notorio, así como se nota la improvisación, el abuso de poder de los agentes de la digesset contra los que manejan y usan la vías públicas para desplazase en sus vehículos, a los cuales se les imponen miles de multas a mansalva y con el silencio cómplice del gobierno y ese grupo rancio que ostenta el poder político y que con su silencio hace mucho daño al gobierno.

No se han producido los cambios que intentó introducir la Ley 63-17, sobre tránsito, movilidad, trasporte y seguridad vial, pues el tránsito, la movilidad, el trasporte y la propia seguridad vial no existen, son una verdadera quimera, área en la cual el gobierno no puede mostrar ningún cambio, solo fracaso y torpeza, por falta de gerencia administrativa.

Ha llegado el momento de establecer entre el gobierno, los ayuntamientos con la participación y consulta de los partidos políticos, un plan concreto, efectivo y que de resultado, que conlleve la obligación de que los principales directores de la agencia de trasporte, no importando el nombre que se le dé, sean de carrera educativa vial y crear la obligación de que para una persona ocupar una función en ese órgano incluyendo los agentes, les sea necesario y obligatorio, tener un master, un doctorado en gerencia y operaciones en esa área, que haya recibido entrenamiento previo y la prohibición de designar a oficiales al frente de esa institución, solo porque el gobierno lo ha decidido así.

Los largos tapones que en la actualidad se reflejan en las calles de la nación dominicana, de una esquina a otra, no tienen límites, comparación o precedentes, el aumento de la espiral de multas indebidas, el fracaso de los tribunales y las fiscalías de tránsito para dar salida a los innumerables casos, quejas y sometimientos de procedimientos contra multas indebidas, hacen pensar que la política de transito fracasó y está en estado agónico, casi al provocar una explosión civil de consecuencias impredecibles, lo que indica que llegó la hora de cambiar el rumbo que lleva el gobierno en materia de transporte.

Respuestaprocesal.com.do, lamenta la situación actual del transporte en las vías públicas de República Dominicana, sobre todo en la Provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago y Peravia. Pide al gobierno y los ayuntamientos a que recapaciten y del igual forma solicita a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), que despierte de su sueño profundo y que invente y coordine lo que sea, para evitar los largos tapones, molestosos y sin coordinación, pero sobre todo sanción para los agentes que imponen multas sin derecho y sin razón.