Santo Domingo. La decisión del presidente Luis Abinader contenida en el decreto 22-21 de contratar un equipo de abogados para que trabajen en la recuperación de los bienes del Estado que hayan sido sustraídos mediante actos ilícitos, ha suscitado críticas en el Congreso Nacional.
Legisladores de las diversas bancadas señalaron que la contratación por parte del presidente Luis Abinader de los abogados es ilegal, ya que para la contratación de equipos de esa índole se deben realizar a través de concursos para que todos los que quieran y puedan participar lo hagan.
El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Víctor Suárez, indicó que en principio se debe de explicar cuál fue el procedimiento para la contratación de los abogados, ya que se realizó el nombramiento de los profesionales del derecho con nombre y apellido sin antes informar como se realizaría ese accionar.
«Contrataron servicios de oficina como se contrata cualquier tipo, y eligieron con nombre y apellido los abogados más ligados a ellos para tratar de recuperar lo que se ha robado supuestamente y lo que se están robando en este momento», dijo el legislador.
Señaló que a otros abogados no le dieron la oportunidad para concursar, por lo que entiende que lo que se debe explicar es en que se basaron para elegir a esos abogados.
Dijo que esta de acuerdo en que quien hizo algo ilegal pague, pero que se demostre en un juicio que sea imparcial donde no se viole el debido proceso.
Mientras que el diputado Tobias Crespo, del partido Fuerza del Pueblo, dijo esperar que la contratación de dichos abogados no sea «sólo mediático y mucho bulto», debido a que la Constitución de la República y el Código Procesal Penal, establecen las tipificaciones, por lo que para que esta medida salga bien se debe tener interés y aspiración.
«Lo importante aquí es investigar y bien, buscar las pruebas, evidencias, preparar un sometimiento y una acusación que se sustente en derecho que no sea contraria a la justicia», dijo Crespo.
Explicó que no entiende la contratación de los abogados porque, para ese tipo de casos esta la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), y el Ministerio Público que son quienes tiene que prepara una barra de abogados para ellos.
Señaló que se debe investigar cuál es el concepto jurídico y constitucional de la contratación de los profesionales del derecho.
Entre tanto, Máximo Castro Silverio, vocero del PRSC en la Cámara de Diputados, ind
