Santo Domingo. En medio del debate que ha surgido sobre quiénes pueden o no ser suplidores del Estado, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) advirtió ayer que los funcionarios dominicanos, de cualquier naturaleza que sean, no tienen permitido ser proveedores ni licitar con el Gobierno.
La entidad sostuvo que aunque la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones expresamente prohíbe esa práctica, algunos se han amparado en una falsa interpretación del artículo 3 del Decreto 543-12 que instituye el Reglamento de la Ley sobre Compras y Contrataciones públicas para crear un marco de excepciones que fomenta la ilegalidad. Ese artículo establece la inhabilitación de esa prohibición en el caso de los proveedores únicos del Estado, entendido como aquellos procesos de adquisición de bienes o servicios que sólo puedan ser suplidos por una determinada persona natural o jurídica.
La organización sustenta que en términos precisos el artículo 3 de la Ley 340-06 establece que: “Serán considerados casos de excepción y no una violación a la ley, las (situaciones) que se detallan a continuación, siempre y cuando se realicen de conformidad con los procedimientos que se establecen en el presente Reglamento…” y que, posterior a ello, la referida regulación define cuáles serían estos casos de excepción.
Afirma mala práctica es constante
“En la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones, específicamente en su artículo 14, establece exactamente en el párrafo del artículo 6 el mismo mandato normativo indicado anteriormente. Sin embargo, la prohibición del artículo 14 el cual exhorta que “no podrán ser oferentes ni contratar con el Estado las siguientes personas”, delimita en términos muy precisos quiénes entonces son los funcionarios que por su investidura presentan esta característica limitativa, en el marco de sus funciones”, explica.
“Desde hace mucho tiempo el país reconoce que la vieja práctica de permitir que los funcionarios públicos sean proveedores del Estado, ha sido una constante y todo indica que al parecer este sería el mayor beneficio que algunos pretenden al momento de declarar sus aspiraciones de ser congresista, ministro, director general o cargos similares”, señala.
La Finjus entiende que el país se encuentra en el momento justo de hacer los cambios necesarios para desmontar, perseguir y castigar a quienes usan esta práctica ilegal, que viola principios elementales de la contratación pública, como la equidad, la participación y la razonabilidad.
Dice confía en que se respete la legalidad
La Fundación Institucionalidad y Justicia dijo confiar en que el deber de los funcionarios públicos se encuentra adherido al imperio de la legalidad y, por tanto, dijo que respalda las medidas que desde el Gobierno central y el Congreso Nacional se adopten para impulsar el respeto de los principios que rigen al Estado de derecho y a la propia contratación pública, al señalar que la búsqueda de la transparencia ha sido reclamada por la sociedad dominicana
