Distrito Nacional. Según un análisis realizado por especialistas en auditoria forense de este medio de comunicación, a la comunicación de fecha 11 de agosto del 2020, marcada con el número No 008157/2020, en la página 2 anexo No 7, el señor Miguel Alberto Surun Hernández, el día 23 del mes de julio del 2020, remitió una auditoria privada, marcada con el número 007465/2020, recibida en fecha 27 de julio del 2020 por la Cámara de Cuentas, comunicación que fue contestada mediante correspondencia No 007697/2020 de fecha 3 de agosto del 2020, pues al parecer se negó la entrada de la cámara de cuentas, pero se intentaba dar por cierta una supuesta auditoria hecha por una firma privada, que se pretendía fuera certificada sin hacer el levantamiento forense, lo que motivo el desaliento e incomodidad de los miembros del pleno de la cámara de cuentas.
Desde ya se ha advertido que los auditores que realizaron esa auditoria deberán ser investigados, pues intentaron dar como buena y validad una experticia no certificada y sin ningún tipo de rigor. Hasta el momento no se ha hecho público el nombre de la firma auditora señala que preparo ese plan, pero este medio ha recibido información de que en los próximos días deberán comparecer por ante del departamento de prevención de la corrupción, y más adelante todos aquellos que han usado dinero para explicar su uso.
Se recuerda que en la comunicación de fecha 11 de agosto del 2020, la cámara de cuentas pide a la Procuraduría General perseguir una pena de seis (6) meses a dos (2) años de prisión correccional contra el presidente del Colegio de Abogados, de donde se desprende que también la tesorera igual que la directiva nacional y cualquier otro involucrado, deberá responder por estos hechos.
