Un tribunal de California ordenó este lunes a Uber y Lyft que contraten a los conductores que tienen en el Estado como empleados y que dejen de operar como autónomos. Las compañías tendrán 10 días para apelar la orden judicial, plazo que han dado para que entre en vigor. El fallo es la amenaza legal más grave a la que se enfrentan ambas empresas de la llamada gig economy, que basan su modelo de negocio en el trabajo de profesionales autónomos.
La sentencia llega en un momento especialmente difícil para estas compañías, que han visto caer estrepitosamente su negocio de VTC como consecuencia de la pandemia. Ambas empresas han sufrido despidos y han elevado sus pérdidas. La noticia hizo caer un 2% las acciones de Uber este lunes y borró algunas de las ganancias obtenidas en Bolsa por Lyft.
Según un análisis de Uber, que recoge Bloomberg, si esta empresa reclasifica a sus conductores como empleados y no como autónomos, los precios de los viajes aumentarán hasta un 30% en San Francisco y hasta un 120% en Inland Empire, donde la demanda es escasa. Un informe de hace meses de Barclays y Macquarie Capital indicaba que dar protección a sus trabajadores costaría a Uber y Lyft entre 2.000 y 3.600 millones de dólares al año (500 millones solo en California).
El juez del Tribunal Superior de San Francisco, Ethan Schulman, se mostró de acuerdo con el fiscal general de California, Xavier Becerra, en que Uber y su rival Lyft están violando la ley de California conocida como AB-5, que dice que los trabajadores solo pueden considerarse autónomos si realizan tareas fuera del curso habitual de los negocios de una empresa, informa la citada agencia. Según dicha ley, que entró en vigor el 1 de enero, las compañías deben demostrar que los trabajadores están libres del control de la empresa.
Uber y Lyft forman parte de un grupo de empresas tecnológicas que se han opuesta a esta ley, con el argumento de que sus conductores disfrutan de flexibilidad para confeccionar sus propios horarios como autónomos. La norma AB-5 quiere asegurar un salario mínimo, seguro médico y prestación por desempleo a los trabajadores de estas compañías.
El abogado de Lyft argumentó en una audiencia el pasado 6 de agosto que la orden judicial solicitada por Becerra causaría estragos en los servicios de Uber y Lyft y causaría “un daño masivo” a conductores y pasajeros. La ciudad de San Francisco, donde tienen la sede ambas empresas, se unió a la demanda de Becerra argumentando que los conductores han sufrido durante años porque Uber y Lyft se habían convertido en gigantes que violan la ley laboral estatal.
Tras conocerse la sentencia de California, la portavoz de Lyft, Julie Wood, aseguró que “los conductores no quieren ser empleados, punto y final”. “Apelaremos inmediatamente el fallo y continuaremos luchando. En última instancia, creemos que los votantes de California decidirán este asunto y que se pondrán del lado de los conductores”, añadió Wood a la CNN.
Dara Khosrowshahi, consejero delegado de Uber, pidió el lunes a través de un artículo de opinión publicado en The New York Times que los Estados aprueben nuevas leyes que exijan que las empresas de plataforma establezcan fondos para ofrecer algunos beneficios a sus conductores, como seguros médicos y tiempo libre pagado. “Uber está listo, en este momento, para pagar más por brindar a los conductores nuevos beneficios y protecciones”, señaló, “pero EE UU necesita cambiar su status quo para proteger a todos los trabajadores, no solo a un tipo de trabajo”.
La batalla legal parece larga. Uber llevó el pasado diciembre a los tribunales al Estado de California por aprobar en septiembre la ley que les obliga a contratar a sus conductores como empleados de la compañía siempre que desarrollen la actividad principal. Su demanda argumentaba entonces que “la norma es inconstitucional e irracional, favorece a otras industrias y amenaza nuestra flexibilidad”. Además, Uber, Lyft y DoorDash han destinado cada uno de ellos 30 millones a una campaña para instar a los ciudadanos a tumbar la ley en las elecciones de noviembre. La iniciativa cuenta con el apoyo de Instacart y Postmates, empresa recientemente adquirida por Uber.
La nueva orden judicial llega mientras en España el Gobierno de Pedro Sánchez prepara una ley que buscaría evitar los “falsos autónomos” en las plataformas digitales, aunque aquí se está poniendo foco en los riders de Uber Eat, Glovo, Deliveroo y Stuart.
