“Recordamos que justamente un acuerdo de esta naturaleza fue el que llevó a la libertad Yasmil Oscar Fernández Estévez, después de haber cumplido en la cárcel apenas 18 meses de detención de los 5 años a los que había sido condenado por un precedente intento de asesinato de su esposa Anibel Gonzales en el año 2017”, expresó.
Yasmil, ya hombre libre, en agosto de este año 2019 le ha quitado la vida a Anibel con tres tiros de arma de fuego, dejando en la orfandad sus tres hijas.
Hace apenas dos días lo mismo pasó con Juana Domínguez Salas, fallecida por los golpes recibidos a mano de su ex pareja, quien se encontraba libre gracias a un acuerdo entre víctima y victimario por un hecho ocurrido hace dos años, cuando Juana recibió once (11) puñaladas a mano de su ex pareja.
En ambos casos los acuerdos fueron realizados al margen de la ley, sin haber sido aprobados por la oficina correspondiente de la Procuraduría General de la Republica y falsificando las firmas de las víctimas.
“Un sistema de justicia podrido, que refleja el degrado institucional y moral de nuestra sociedad y nuestras instituciones, ha permitido estas dos muertes” ha declarado Manuel María Mercedes Medina saludando la medida solicitada por el Ministerio Publico de prisión preventiva en contra de la fiscal de la Unidad de Violencia de Genero de San Pedro de Macorís, Margarita Hernández, responsable de los acuerdos ilegales que han llevado a los dos casos de feminicidios a pocas semanas uno del otro.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó estos tipos de acuerdos, que como ha declarado la misma Procuraduría de la Republica son efectuados al margen de la ley y de los reglamentos establecidos y que revictimizan otra vez la mujer víctima de violencia de género, exponiéndola a un riesgo inminente de muerte, como lamentablemente han demostrado los hechos.
La Comisión, además condena las declaraciones de varios abogados, “defensores de derechos humanos” de San pedro de Macorís que en el día de hoy han expresado solidaridad a dicha magistrada condenando su detención e informa a la opinión pública nacional que se desliga de todas ellas, no teniendo ningún vínculo con ninguno de los supuestos “defensores de derechos humanos” que se han expresado esta mañana en las afueras del Tribunal de Justicia de San Pedro de Macorís.
“Somos coherentes con nuestra misión, visión y valores, que guían nuestro accionar, y la condena de la violencia contra las mujeres, de los feminicidios, y de la revictimización de las víctimas de violencia de genero son pilares de nuestro trabajo cotidiano”.
“Es por ello que tales declaraciones nos indignan profundamente y ponen en evidencia el degrado moral y de valores de nuestra sociedad, donde muchos personeros han tomado escenario sin tener conocimiento ni siquiera de los principios básicos de lo que son los derechos humanos, ni de los conceptos de dignidad, respeto, y justicia”.
Informó que se desliga también de un llamado que están haciendo organizaciones dizque “defensoras de derechos humanos” a una marcha en “defensa de los derechos de los hombres” quienes según ellas se encuentran perseguidos por la Fiscalía de Violencia de Género en San Pedro de Macorís.
Invitó todos nuestro miembros y activistas de la provincia de San Pedro de Macorís a condenar firmemente violencia de género y feminicidios, a denunciar cualquier acuerdo entre víctima y victimario en casos de violencia de género y a trabajar con empeño para la marcha nacional del próximo 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer para que la sociedad dominicana al unísono se levante diciéndole ¡ya basta! a la violencia contra las mujeres.