SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Ministerio Público responderá desde este lunes los señalamientos de violación al debido proceso, arbitrariedad, sesgo, parcialidad y falta de objetividad argumentados por los siete imputados en el caso de sobornos de Odebrecht.
Los fiscales litigantes deberán explicar por qué si tuvieron autorización judicial para interrogar a los exejecutivos de Odebrecht en Brasil, no hicieron esos anticipos de pruebas para sustentar su acusación de soborno, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y asociación de malhechores contra Ángel Rondón Rijo, Andrés Bautista García, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga Arzeno, Tommy Galán Grullón, Juan Roberto Rodríguez Hernández y Jesús –Chú– Vásquez.
También deberán indicar al juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, si es cierto que obtuvieron sin autorización judicial, orden judicial vencida, el microfilm del cheque que evidencia que una de las empresas de Rondón Rijo hizo un pago a la cuñada de Roberto Rodríguez, usado como prueba de que el exfuncionario fue sobornado.
gual ocurrió con los cheques pagados a Chú Vásquez por la empresa Arma cuando la carta que envía la Superintendencia de Bancos, según los abogados, hace referencia a la remisión de microfilms correspondientes a otra de las empresas de Ángel Rondón.
La defensa de los imputados, asegura que se trata de peritajes y que se violó el debido proceso, toda vez que a ellos no se les notificó.
Para solicitar la nulidad de esas pruebas se hizo referencia al caso Félix Bautista donde por esas mismas razones se dictó auto de No Ha Lugar.
¿Ocultaron o no ocultaron pruebas? Los fiscales tendrán que justificar las razones por las cuales no entregaron a Rondón Rijo y Andrés Bautista varias pruebas que habían solicitado durante el proceso de investigación sin haberse emitido una resolución declarando la reserva de los documentos.
Además se le ha solicitado al Ministerio Público explicar cómo pudieron deducir que Odebrecht mintió al decir en las delaciones premiadas que pagó sobornos para la Termoeléctrica Punta Catalina y no llegaron a esa misma conclusión con las otras 16 obras adjudicadas.
