WASHINGTON.– Un juez federal de EE.UU. autorizó la incautación de Citgo Petroleum Corp. la subsidiaria de la petrolera estatal venezolana PDVSA, para satisfacer una deuda del gobierno de Venezuela, informa el Wall Street Journal.
El fallo podría desencadenar una disputa entre los muchos acreedores impagos de Venezuela para arrebatar el control de su único bien estadounidense visiblemente incautable, indica la información.
El juez Leonard P. Stark, de la Corte de Distrito de Estados Unidos en Wilmington, Delaware, emitió el fallo el jueves. Sin embargo, su opinión completa, que podría incluir condiciones o imponer más obstáculos legales, fue sellada. Se espera que una versión redactada esté disponible en una fecha posterior, dicen los periodistas Andrew Scurria y Julie Wernau, que reportan la noticia.
El fallo aumenta la probabilidad de que la petrolera estatal venezolana, pierda el control de un activo externo valioso en medio de la crisis económica y política del país, aunque la decisión podría ser apelada ante una corte federal superior, se indica.
Los abogados de PDVSA no estuvieron disponibles para hacer comentarios. Citgo se negó a comentar, reporta el WSJ.
Crystallex International Corp., es una desaparecida minera de oro canadiense que interpuso una acción legal, tratando de cobrar un fallo contra el gobierno de Venezuela por derechos mineros perdidos, y con ese objetivo se ha enfocado en Citgo, una refinería petrolera, porque es el activo más grande en Estados Unidos de la nación latinoamericana ahogada problemas de liquidez y envuelta en una crisis.
Otros acreedores de Venezuela también están acechando a Citgo, pero Crystallex es el primero en ganar un fallo que autoriza su incautación, dice el WSJ.
Crystallex había argumentado que Citgo es propiedad de PDVSA, que es un “alter ego” de Venezuela y como tal es responsable de las deudas del país sudamericano. Según Scurria y Wernau, la decisión del juez a favor de Crystallex le permite tomar el control de las acciones de la compañía matriz de Citgo basada en EE.UU., lo que sería el primer paso hacia la venta de la compañía.
La información indica que Venezuela y sus diversas entidades controladas por el estado tienen en conjunto $ 62 mil millones en bonos no garantizados en circulación, con aproximadamente $ 5 mil millones hasta ahora en intereses impagos y capital, y que según estimados de analistas el gobierno tiene aproximadamente un total de $ 150 mil millones en deuda pendiente con acreedores de todo el mundo.
Venezuela y sus entidades controladas por el estado, incluida PDVSA, comenzaron a incumplir pagos de bonos el año pasado y desde entonces han caído en un incumplimiento generalizado. Las sanciones de Estados Unidos prohíben a los acreedores involucrar al gobierno venezolano en cualquier tipo de reestructuración o compra de nueva deuda.
“Para Venezuela, perder el control de Citgo podría poner en peligro una de sus únicas fuentes de ingresos petroleros, (es decir) EE.UU. Al mismo tiempo, los inversores en la deuda en default de Venezuela -al igual que al menos 43 compañías que reclaman legalmente al gobierno- corren el riesgo de perder una de las pocos activos obvios en los EE. UU. que se pueden decomisar para el reembolso”, explica el WSJ.
El único pago realizado este año por Venezuela fue de $ 107 millones en sus bonos PDVSA, con vencimiento en 2020, por los cuales se ha comprometido a Citgo como garantía. Ese fue un movimiento claro de Caracas para proteger ese activo, según analistas.
Sin la propiedad de Citgo, los inversionistas temen que PDVSA tenga pocos incentivos para seguir pagando la deuda
Cualquier venta de acciones de Citgo requeriría la aprobación del Departamento del Tesoro de EE.UU., y Crystallex tiene que eliminar otros obstáculos legales antes de poder vender las acciones.
Scurria y Wernau, dicen que “Al tratar de reclamar Citgo, los acreedores siguen un libro de jugadas familiar”, refiriéndose a los fondos de cobertura dirigidos por Elliott Management Corp. que hicieron algo similar cuando buscaron los activos argentinos luego del default de 2001 de ese país, el mayor incumplimiento soberano en ese momento, en más de $ 80 mil millones en deuda soberana.
Cuando Argentina se negó a pagar los acuerdos resultantes del incumplimiento, los fondos de cobertura buscaron activos argentinos para incautar, argumentando que todo, desde los activos de su banco central hasta su compañía petrolera estatal, era un “alter ego” del estado.
Elliott en 2012 persuadió a un tribunal ghanés de incautar un buque de entrenamiento de la Armada Argentina, y en 2014 solicitó a un tribunal de California que impidiera a Argentina lanzar satélites al espacio. Argentina llegó a un arreglo con los fondos de cobertura en 2016, entregando ganancias de hasta 900% en algunas de sus inversiones principales originales.
