RIO DE JANEIRO. El Partido de los Trabajadores (PT) del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva llevó al terreno judicial su enfrentamiento con el juez federal de Curitiba, Sergio Moro.
Aunque el grupo de abogados vinculado al exgobernante PT hizo la denuncia el martes, el caso ha seguido teniendo resonancia en Brasil debido a que involucra al magistrado emblema del caso Lava Jato –que desde 2014 comenzó a destapar el mayor esquema de pago de coimas, desvíos y lavado de dinero en la historia de Brasil– y su accionar el 8 de julio pasado, cuando se libró una batalla en los tribunales que debatieron la excarcelación de Lula.
Por su parte, Maristela Basso, profesora de derecho comparativo en la Universidad de Sao Paulo, opinó que «es probable que haya existido un abuso de autoridad de Moro».
En opinión de abogados consultados por The Associated Press, son pocas las posibilidades de que la denuncia avance. A Moro se le señala por prevaricato, que implica que una autoridad dicte a sabiendas una resolución injusta.
Sin embargo, Lúcio da Costa, miembro de Abogados por la Legalidad, dijo el miércoles a la AP que «si fuera condenado, sería anormal que siguiera ejerciendo la titularidad de un juzgado federal. En ese momento se abriría el debate sobre si debe seguir en su cargo».
La tensión inició hace poco más de una semana. En una jornada con fallos contradictorios sobre la situación de Lula, el juez Rogerio Favreto había ordenado su liberación concediéndole un hábeas corpus.
Sin embargo, el juez Moro –quien había condenado a Lula por el delito de corrupción y lavado de dinero en primera instancia y estaba de vacaciones al momento del fallo– interrumpió su descanso y ordenó raudamente a la policía que no cumpliera la orden de excarcelación. La situación no se resolvió, sino hasta que intervinieron dos jueces más que ratificaron que Lula debería continuar preso.
El expresidente cumple desde el 7 de abril una pena de prisión de 12 años en Curitiba. La intervención de Moro motivó que los abogados lo denunciaran por el presunto delito de prevaricato y ahora la Procuraduría Regional de la Cuarta Región deberá analizar los fundamentos y determinar si da cauce a la denuncia.
«El juez Moro incidió en un comportamiento incompatible con el decoro de la magistratura al manifestar su sentimiento personal contrario a la orden de libertad del expresidente Lula», reza un extracto de la presentación, a la que tuvo acceso The Associated Press (AP).
De acuerdo con el código penal brasileño, el delito de prevaricato está sujeto al cumplimiento de una pena de entre tres meses y un año de prisión y el pago de multas. En el caso de un funcionario público, podría llevarlo al apartamiento del cargo.
Desde 2014, en su juzgado federal en Curitiba, Moro está al frente de la extensa investigación del Lava Jato, que puso la lupa sobre la petrolera Petrobras y el pago de miles de millones de dólares en sobornos a políticos y funcionarios públicos a cambio de favores para empresas privadas.
Lula ha denunciado ser víctima de una supuesta caza de brujas y de persecución política desde que su panorama en la justicia comenzó a complicarse, implicado en varias causas judiciales por corrupción. Moro se convirtió en poco tiempo en el principal enemigo del PT en los tribunales.
En junio del año pasado, fue el magistrado que condenó a Lula a nueve años y seis meses de prisión –pena que luego fue aumentada en segunda instancia–, tras haberlo encontrado culpable de recibir sobornos de la constructora OAS a cambio de contratos con Petrobras durante su gobierno.
Consultado por AP, un asesor del juez Moro dijo que el magistrado no iba a manifestarse sobre la denuncia, pero expertos coinciden en que ésta difícilmente podría avanzar.
«El delito de prevaricato exige que alguien intencionalmente incumpla sus obligaciones de funcionario público. Creo que cada juez se posicionó conforme a su entendimiento jurídica: Moro creyó que era competente y Favreto también. La configuración de ese crimen exigiría mucho más de lo que se vio», aseguró Conrado Gontijo, criminalista y profesor de derecho penal de la Fundación Getulio Vargas.
«La competencia para anular la decisión de Favreto era del Supremo Tribunal, la instancia superior, Moro actuó de forma contraria a la ley. Pero creo que tendrá una decisión favorable porque quien lo juzgue puede querer preservar la operación Lava Jato», aseguró Basso.
Fuente: Listin Diario
