Justicia debe dar un informe esta semana sobre el polémico chat

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El Departamento de Justicia debe tener listo antes del sábado el informe sobre la pesquisa del polémico chat en el que participó el hoy exjuez Rafael Ramos Sáenz.

Ese día –el 7 de mayo– finalizan los 90 días que le dio la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) a Justicia, y que se basan en un requisito de ley.

Fuentes de El Nuevo Día indicaron que Justicia publicará su informe esta semana y que referirá a la OPFEI a cuatro funcionarios del Ejecutivo, incluida la secretaria asociada de la Gobernación, Itza García, quien creó el chat y testificó ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) la semana pasada.

La CEE investiga las presuntas actividades que realizaba el exjuez en coordinación con el comité de campaña involucrado en las controversiales conversaciones. García, quien no ha ido por La Fortaleza en días recientes, reconoció que sabía que Ramos Sáenz era juez cuando estaba en el chat.

Ramos Sáenz, quien renunció a su cargo de juez superior el 13 de abril, debe comparecer a la CEE a testificar este viernes 4 de mayo.

Al cierre de esta edición, La Fortaleza no precisó, a preguntas de El Nuevo Día, si García aún es la secretaria asociada de la Gobernación.

Tampoco la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, contestó si el informe de la pesquisa estaría listo esta semana.

En una resolución de la OPFEI emitida el 14 de febrero, la presidenta Nydia Cotto Vives le indica a la secretaria de Justicia que tendrá hasta el 7 de mayo para culminar la investigación.

En una carta del 7 de febrero, Vázquez le notificó a la OPFEI que un día antes “Justicia recibió información tendente a demostrar que el honorable Rafael Ramos Sáenz, expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones, pudo haber incurrido en la comisión de actuaciones que pudieran configurar delitos bajo las disposiciones del Código Penal de Puerto Rico”.

En esa misma carta, Justicia informó que la pesquisa la conduce la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor y que, por la información recibida, pudiera incluir “a terceras personas”.