Argentina. En el primer cuatrimestre, los empleados judiciales recibirán en sus sueldos un aumento del 15%, el porcentaje de inflación previsto por el Ejecutivo nacional para todo el año. La Corte Suprema dispuso la semana pasada una suba del 10%, que se suma a la del 5% otorgada con los haberes de enero.
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz firmaron la acordada 11/2018, en la que se definió el aumento «remunerativo» y «bonificable», tras solicitar a la «Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación la modificación de las partidas presupuestarias».
La Corte equilibró, de esa manera, los aumentos otorgados durante el transcurso de 2017, que fueron dos de 10%, en marzo y junio, y que quedaron debajo de la inflación anual, que cerró en 24,8%. Desde el máximo tribunal plantearon que en el acuerdo 2017, se había acordado el aumento del 25%, dividido en tres tramos: sendos 10% en marzo y junio y el 5% de enero.
No obstante, habiendo percibido ya un 15% acumulado en los primeros cuatro meses, los empleados judiciales igualaron la paritaria que, cláusula de revisión mediante, cerraron para todo el año los principales sindicatos del país, como Comercio y Obras Sanitarias, entre otros. En los últimos años, a excepción del pasado, el Poder Judicial había cerrado acuerdos superiores a la inflación.
El nuevo aumento a empleados judiciales se da en medio de un momento de tensión entre el Gobierno y la Corte, que se atenuó la semana pasada, después de la reunión que mantuvieron el jefe de Gabinete Marcos Peña, el ministro de Justicia Germán Garavano, y los autoridades cortesanas.
Hay varios puntos que generan tensión actualmente en la relación entre poderes. Por un lado, las sistemáticas acusaciones de Elisa Carrió, aliada del presidente Mauricio Macri en Cambiemos, contra el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti. El Gobierno, no obstante, nunca se hizo cargo de los dichos de la diputada.
Quizás el punto que más resquemor generó en las últimas semanas tuvo que ver con la decisión de la Corte de invalidar el tribunal que debía juzgar a Cristina Fernández de Kirchner en dos de las causas judiciales en las que fue procesada. Los jueces luego respaldaron esa decisión, en otra acordada, pero accedieron a mantener temporalmente en cargos estratégicos a dos jueces de Cámara, como Leopoldo Bruglia y Carlos Mahiques.
Hay otros dos focos de conflicto por delante entre el Gobierno y la Corte. Por un lado, el máximo tribunal podría expresarse este año en la causa que deberá definir si es constitucional o no que a los jueces designados a partir de 2017 se les tribute el impuesto a las Ganancias. El otro, de especial interés hoy para la Casa Rosada, es el que tiene que ver con un posible fallo de la Corte por tarifas de gas, expediente que todavía se encuentra en primera instancia. En agosto de 2016, desde la Corte frenaron el aumento de gas a usuarios residenciales, y el Gobierno debió retrotraer el precio de las tarifas.