La Justicia es el poder más poderoso del Estado. Es el único que puede privar de libertad a una persona. Pero además de encargarse de castigar el delito y dilucidar disputas civiles, hace rato que carga con problemas propios y ajenos. El Poder Ejecutivo y el Parlamento pusieron ahora sobre las espaldas del Poder Judicial un fardo más pesado que uno redondo de 450 kilos.
Los jueces, al igual que fiscales y Policías, están bajo de los reflectores debido a los desajustes de un nuevo código de proceso penal que, como resultado de su aplicación, bajo notablemente el número de procesamientos. En medio de un pico de violencia por horrendos ajustes de cuentas y femicidios, la Justicia recién se recupera de los conflictos de una ley votada en el período pasado que, inadvertidamente, enganchó los salarios de funcionarios y jerarcas judiciales al de los ministros de gobierno.
Ahora es una palabrita la que armó un gran lío. En la recientemente aprobada ley antilavado, se derogaron los delitos vinculados al lavado de activos y se crearon los mismos delitos con el mismo texto. Pero derogación significa la extinción de los delitos anteriores a la nueva ley, según el argumento del abogado defensor Andrés Ojeda, quien hizo estallar la bomba en el informativo de VTV. Para el jurista, luego acompañado en su argumentación por el Constitucionalista Martín Risso y alguno más que se va sumando, esa derogación no tiene solución. A su entender, cualquier interpretación es igual que intentar resucitar a un muerto. Y el efecto de la interpretación Ojeda es tremendo: caen los procesamientos, la posibilidad de extradición y las incautaciones para los procesados por delitos de lavado de activos.
El abogado Gustavo Salle, apeló una sentencia de procesamiento de uno de sus clientes bajo la misma argumentación pero la jueza y la fiscal del caso, Beatriz Larrieux y Luis Pacheco respectivamente, opinaron que lo que vale es la intención de los legisladores, más que el sentido literal de la palabra derogación.
