Distrito Nacional. El Consejo del Poder Judicial (CPJ) autorizó hoy al juez coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, a que conozca las medidas relacionadas con la congelación preventiva de bienes procedentes del lavado de activos y financiación del terrorismo.
Asimismo, informó de que designó a la jueza Kenya Scarlett Romero, titular del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, como su enlace en las mesas multisectoriales con el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), puntualmente ante el grupo de Latinoamérica, conocido como Gafilat.
Un comunicado del CPJ explicó que la medida fue aprobada en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, contenido en la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y sus reglamentos.
El CPJ ordenó que la disposición sea comunicada a todos los Juzgados de la Instrucción, Tribunales y Cortes de Apelación Penales, al Procurador General de la República, a la Dirección General de la Carrera Judicial, al Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, a la Unidad de Análisis Financiero y al Comité Nacional Antiterrorista.
Argumentó que el artículo 73 del Código Procesal Penal dispone que corresponde a los jueces de la Instrucción resolver todas las cuestiones en las que la ley requiera la intervención de un juez durante el procedimiento preparatorio, dirigir la audiencia preliminar, dictar las resoluciones pertinentes y sentencia conforme a las reglas del procedimiento abreviado.
A la vez, destacó, que tanto Vargas como Romero “poseen las experticias en el tema lavado de activos y financiamiento del terrorismo y sus reglamentos”.
En su comunicado, el CPJ consideró que el terrorismo y su financiación “constituyen un flagelo delictivo de última generación que corroe la sociedad, constituye un desafío a la estabilidad internacional, donde se advierte un panorama de alta peligrosidad”.
Por ello, consideró que “mantener un escenario de colaboración con los órganos que combaten esos males, es tarea de primer orden, que constituye un compromiso país razonable”.
