El procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, afirmó ayer que aunque respeta la decisión de los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que varió las medidas de coerción a ocho de los implicados en el caso Odebrecht, espera no afecte la investigación, debido a maniobras que podrían realizar los acusados para obstruir y sustraerse del proceso.
En un comunicado, Rodríguez destacó que el propio tribunal valoró que los indicios presentados por el Ministerio Público (MP) son contundentes, por lo que negó la solicitud de otorgar libertad pura y simple a los implicados.
Indicó que, por el contrario, a todos les fue mantenida algún tipo de medida de coerción, incluida la ratificación de la prisión preventiva a Ángel Rondón Rijo y a Víctor Díaz Rúa, lo cual “es un reconocimiento irrefutable a la calidad del trabajo investigativo realizado hasta el momento”.
Resaltó que por eso la Corte rechazó las objeciones presentadas por los abogados defensores contra las indagatorias del organismo de persecución penal, incluida la ‘improcedente solicitud de que fueran declarados ilegales los arrestos efectuados el 29 de mayo del presente año’.
Critica a Miriam. Rodríguez calificó de extemporáneas las motivaciones para el voto disidente de la jueza Miriam Germán Brito, en razón de que en la etapa procesal en que está el caso, las evidencias obtenidas hasta el momento son más que suficientes para dictar o mantener medidas de coerción, como al efecto las dictó correctamente el juez de la Instrucción Especial.
“Los pronunciamientos de la magistrada Germán Brito parecieran como si estuviéramos en un juicio preliminar o de fondo y no el actual momento procesal de una investigación en desarrollo”, expresó.
Seguirá investigación. El director del Ministerio Público reiteró que “duélale a quien le duela y caiga quien caiga”, la Procuraduría General de la República seguirá trabajando, profundizando y ampliando la investigación que inició.
Resaltó que para ello utilizará todos los recursos que tiene a su alcance, incluida la colaboración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Ministerio Público de
Brasil, así como de otras autoridades de naciones europeas y latinoamericanas.
Rodríguez recalcó además que con esas pesquisas ampliadas en el país y el extranjero, el Ministerio Público logrará evidencias adicionales en contra de los actuales imputados y otros eventuales, las que hará valer cuando llegue el momento de presentar formal acusación en contra de los mismos, para lo cual recibió un plazo judicial de ocho meses.
