BUENOS AIRES. La ex presidenta de Argentina Cristina Fernández (2007-2015) y sus hijos pidieron el jueves a la Justicia que declare la “nulidad” de los procesamientos dictados contra ellos en la causa conocida como “Los Sauces”, en la que se investiga la presunta conformación de una asociación ilícita para lavar dinero.
La solicitud fue cursada en un escrito presentado ante un tribunal de apelaciones por la defensa de la ex mandataria y de Máximo y Florencia Kirchner, informó la agencia estatal de noticias Télam.
El pasado 4 de abril, el juez federal Claudio Bonadio dictó el procesamiento de Fernández, así como de sus hijos y varios empresarios de la obra pública, a quienes prohibió salir del país.
El magistrado considera a la ex jefa de Estado, sobre la que ordenó un embargo por 130 millones de pesos (8,12 millones de dólares), “penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de jefe”, el cual concurre “en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito” agravado por ser funcionario público y por “negociaciones incompatibles”.
Tanto Máximo como Florencia, hijos que Fernández tuvo con el fallecido ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), fueron también acusados por Bonadio de encabezar esa supuesta asociación ilegal.
En la causa se investiga a la sociedad Los Sauces propiedad de los Kirchner y surgió en abril de 2016 a raíz de una denuncia presentada por la diputada de centro izquierda Margarita Stolbizer.
La legisladora acusaba a la familia presidencial de falsificación de documentos públicos, cohecho y lavado de dinero en supuestas transacciones ilícitas con los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, también procesados por Bonadio.
A ambos, el juez les considera penalmente responsables de los delitos de tomar parte de esa asociación ilícita en calidad de organizadores.
El caso trata de dilucidar si se usó Los Sauces, dedicada al alquiler de inmuebles y creada en 2006 por el matrimonio presidencial y Máximo, para recibir, mediante arrendamientos de esas propiedades, transferencias millonarias de esos empresarios, que previamente habrían recibido adjudicaciones de obras con sobreprecios.
En multitud de ocasiones, Fernández, que está procesada en otras dos causas -una por asociación ilícita y otra por perjuicio económico al Estado ha negado haber cometido los diversos delitos de corrupción que se le imputan y reiterado que se siente víctima de una persecución política, judicial y mediática.
