BRASILIA. Los procuradores de justicia de once países en los que operó Odebrecht acordaron este jueves la capital de Brasil, establecer “la más amplia, rápida y eficaz cooperación” sobre los asuntos de corrupción en que se implicó ese esa empresa brasileña.
El encuentro fue organizado por la Procuraduría General de Brasil y asistieron fiscales de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela, países en los que se investigan las prácticas corruptas en que incurrió la constructora.
En un comunicado divulgado tras una reunión que se realizó bajo un total hermetismo, se informó que también se acordó crear “equipos conjuntos de investigación, bilaterales o multilaterales”, para coordinar las investigaciones en Brasil y los otros países en que Odebrecht incurrió en sobornos y otros actos ilegales.
Esos grupos, según la nota, “actuarán con plena autonomía técnica y en desarrollo de su independencia funcional”, que es un “principio rector” de los Ministerios Públicos.
También se subraya “la importancia de la recuperación de los activos y la reparación integral de los daños causados por esos ilícitos, incluyendo el pago de multas, según la legislación de cada país”.
En otro de los puntos, se insta “a los ciudadanos a apoyar a sus instituciones de persecución penal en las actuaciones que son conducidas contra la corrupción” en cada uno de esos países.
A la reunión también habían sido invitados, pero no asistieron, representantes de El Salvador, Guatemala, Antigua y Barbuda y Mozambique.
En todos esos países, además del propio Brasil, que fue donde comenzaron a descubrirse esas prácticas ilegales, se investiga la actuación del grupo Odebrecht, sobre todo en la financiación ilegal de campañas electorales, el pago de sobornos para obtener contratos de obras públicas u operaciones financieras irregulares.
La dimensión internacional del escándalo se conoció a fines del año pasado, cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que la constructora había admitido que pagó unos US$788 millones en sobornos en doce países de Latinoamérica y África, incluido Brasil.
Recomendó a los fiscales y el Poder Judicial de esa nación, establecer un grupo de trabajo regional, en forma de uno o más equipos conjuntos de investigación, para asegurar que el trabajo sea coordinado y se puedan obtener respuestas rápidas.
Entiende que la reunión de Brasilia debe dar lugar a un acuerdo para aumentar el acceso a la información en los países donde es difícil controlar los procesos judiciales.
Entiende que el público tiene derecho a saber lo que pasó y cómo las investigaciones se llevan a cabo.
En el recurso de Marino González Valenzuela se solicita a José Alejandro Vargas declarar inadmisible el acuerdo donde la constructora se compromete a retribuir al Estado dominicano US$184 millones en un plazo máximo de ocho años por haber sobornado a funcionarios para favorecerlos con obras.
Entiende que la inadmisibilidad se fundamente en cinco aspectos mencionados en la instancia.
