Brasilia, (EFE).- El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, pidió este lunes a la Corte Suprema abrir una investigación contra el ex presidente brasileño José Sarney y los senadores Romero Jucá y Renán Calheiros, exjefe de esa cámara, por un posible delito de obstrucción a la Lava Jato, que indaga la trama corrupta en Petrobras.
La solicitud del ente acusador también alcanza a Sergio Machado, expresidente de Transpetro, una subsidiaria de la petrolera estatal, quien habría señalado en una delación premiada con la Justicia tanto a Sarney como a los dos influyentes senadores de realizar “maniobras” para “interferir” en las investigaciones.
El fiscal aseguró en su pedido que Calheiros y Jucá, exministro de Planificación del Gobierno del presidente Michel Temer, así como Sarney, tenían un plan para incluir a la Corte Suprema de Brasil “en la costura política de un gran acuerdo espurio para evitar el avance de las complejas investigaciones” de la Lava Jato.
La Lava Jato es como se conoce la operación que investiga el mayor caso de corrupción de la historia de Brasil desde hace tres años y por la que han sido detenidos decenas de empresarios y políticos debido a su participación en la red de corrupción destapada en el seno de Petrobras.
En su declaración Machado, implicado ya anteriormente en el caso Petrobras, explicó a la Justicia que tiene “cerca de seis horas” de conversaciones grabadas con otros acusados que “demuestran la motivación de estancar o impedir cuanto antes los avances” de la Lava Jato en relación a los casos que salpiquen a políticos.
Según un comunicado de la Fiscalía, el exdirector de Transpetro señaló que existió la intención de obstruir las investigaciones que alcanzaban a políticos del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera Temer.
También a aquellos del Partido de los Trabajadores (PT), de los ex presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, y del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). Janot argumentó en su solicitud que hay “elementos concretos de actuación concertada entre parlamentarios”, cuyo objetivo era “construir una amplia base de apoyo político” para conseguir modificar el ordenamiento jurídico y verse así beneficiados ante una posible apertura de un proceso.
“Es chocante escuchar al senador Romero Jucá admitir que es crucial ‘cortar las alas’ de la Justicia del Ministerio Público (Fiscalía), aduciendo que la solución para eso sería una Asamblea Constituyente, que él y su grupo político están planeando para 2018”, argumentó Janot.
Calheiros, que fue presidente del Senado hasta el pasado 1 de febrero, es un importante dirigente del PMDB y es investigado en una decena de causas que tramitan en el Supremo, las cuales en su mayoría se refieren a la red de corrupción que operó durante más de una década en Petrobras.
Sarney, que gobernó Brasil entre 1985 y 1990, y Jucá, que fue nombrado por Temer como ministro de Planificación pero tuvo que renunciar al cargo a los pocos días tras la divulgación de las primeras denuncias de Machado, también son influyentes líderes del PMDB.
La Corte Suprema ya negó en junio pasado la prisión preventiva para Sarney, Calheiros y Jucá, solicitada entonces por la Fiscalía por sospechas vinculadas a las corruptelas en Petrobras.
