SANTIAGO. Ante el incremento de la delincuencia y criminalidad que se han apoderado de las calles de esta ciudad, representantes de diversos sectores demandaron de las autoridades aplicar mayores medidas para enfrentar ese flagelo.
Un reporte de la organización no gubernamental Voluntarios por la Seguridad de Santiago (VOSES), la ciudad Corazón es una de los lugares donde ocurren más muertes violentas.
Según el informe, en lo que va de año aquí se ha registrado una tasa de 18 muertes violentas por cada cien mil habitantes. Las víctimas de estas muertes son hombres jóvenes entre 18 y 38 años.
Siendo los sectores con mayor índice de criminalidad la Yaguita de El Ejido, Cienfuegos, el Ensanche Libertad y la parte baja del municipio Jacagua.
En el populoso sector de Cienfuegos, sus moradores narraron a Diario Libre que tan pronto dan las siete de la noche se trancan en sus hogares para evitar ser testigos de los constantes enfrentamientos a tiros que se escenifican allí entre bandas rivales.
Según dijo el pastor evangélico Pablo Ureña, quien dirige el centro educativo Niños con una Esperanza, esa situación mantiene a los lugareños atemorizados.
Desde el sector transporte han estado demandando mayores acciones que provoquen una reducción de los robos, atracos y asesinatos, que son objetos los trabajadores del volante.
Mientras que el jurista Juan Carlos Ortiz, secretario de VOSES, atribuye el auge de la delincuencia a la falta de una política criminal preventiva, donde a cada incumbente de la Policía Nacional se le exija cumplir con un plan predeterminado y no se esté creando un plan nuevo de prevención y persecución “cada vez que tengamos un nuevo encargado, de acuerdo a una política de Estado”.
En tanto que el doctor Juan Ramírez, quien se ha convertido en el principal abanderado de la lucha contra la delincuencia tras el crimen de su hija Vanesa Ramírez Faña, asesinada a tiros en el 2006 por dos jóvenes para robarle su teléfono celular, sostuvo que el crimen y la delincuencia hay que detenerlos, pero con la integración de todos los sectores.
Ramírez resaltó la necesidad de modificar el Código Procesal Penal, porque ha sido benigno con los infractores de las leyes, provocando posteriores tragedias en perjuicio de la sociedad. Además, plantea desarrollar un plan de acción efectiva que involucre a todas las instituciones relacionadas con la educación, las iglesias y la familia para prevenir la violencia intrafamiliar y de género, así como el control de armas de fuego.
En ese contexto se expresó Juan Carlos Ortiz, quien sugirió la implementación de una legislación nueva que pueda surtir efectos positivos e incrementar de manera sostenible la prevención del delito en las calles.
“Por tanto, necesitamos de manera urgente la implementación de la Ley de Armas que sustituya la actual y que constituya una fuerte fundamental para un verdadero control en el uso, porte y tenencia y que impongan sanciones contundentes por el delito del porte y de su uso ilegal, lo que conlleva la puesta en vigencia de la Ley Orgánica de la Policía Nacional y el fortalecimiento del sistema judicial (Ministerio Público y Jueces)”, manifestó. Asimismo, plantearon la necesidad de que se haga cumplir con las leyes de tránsito.
