Santo Domingo. La Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional recibió un total de 10,200 casos entre el primero de enero y el 17 de junio de este 2016.
Los casos se repartieron entre las ocho salas que conforman la Cámara. Cinco de esos tribunales quedaron con poco más de 750 casos cada uno, y los otros tres con más de 2,100 casos, debido a que son especializados en temas de familia que son los más numerosos en esa materia.
Cada sala, tiene un solo juez que deberá darle salida a esa cantidad de expediente en el mismo periodo de tiempo para no entrar en mora.
Pero, para algunos magistrados, estudiar ese número de expedientes en ese tiempo le resulta imposible. La mora judicial es la constante. Para un caso que entra en estado de fallo, los jueces se toman entre uno y dos años para decidirlos, en violación al plazo establecido por ley que es de tres meses.
“Los jueces de primera instancia hacen una labor titánica para fallar todo lo que entra en esas ocho salas, para tener un buen desempeño y sacar la misma cantidad de expedientes que entran”, afirma la jueza de la Tercera Sala de la Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito, Yokaurys Morales.
La magistrada es la presidenta de la Red Nacional de Jueces, por lo que sus declaraciones las emite bajo esa condición. Atribuye la deficiencia en la labor, al cúmulo de trabajo, que a su vez, lo justifica en la falta de presupuesto para el sistema de justicia. Eso –afirma- le imposibilita el contar con la cantidad de personal y logística que se requiere para agilizar los procesos.
“Tenemos 98 tribunales (en todo el país) por poner en ejecución. Eso es jueces, personal administrativo y la logística que falta para ponerlos a funcionar. Los jueces están, pero no están los recursos para producir los ascensos de esos magistrados que deben cubrir esas áreas”, comenta Morales.
Para este 2016, el Poder Judicial cuenta con un presupuesto de RD$5,606.64 millones, un monto que se queda lejos del 2.66% del PIB que por ley le corresponde a la Justicia. El presidente del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, durante un discurso en enero pasado, advertía que ese presupuesto le causaría serias limitaciones y deficiencias en el cumplimiento de las funciones, planes y proyectos de la justicia. Rogaba para que el Gobierno no le dejara sucumbir. Sus aspiraciones eran de RD$10,983.34 millones para este año.
En el 2015, el presupuesto fue de RD$4,906.6 millones, lo que significa que ahora la justicia tiene unos RD$700 millones adicionales, de los que -según Morales- han tenido que invertirse, unos RD$250 millones, en resolver parte de las precariedades del sistema en la Provincia Santo Domingo.
La presidente de la Red Nacional de Jueces detalla para cubrir las deficiencias en el sistema y reducir las moras, en el país se tiene a jueces de paz fungiendo de jueces liquidadores, a la par del juez titular.
“Pero ese juez liquidador que es de paz, viene de su juzgado de paz que se queda con un juez interino, al tribunal de primera instancia como juez pasivo, (no decide casos) y no recibe ninguna remuneración por ello”, aclara.
Y, como los jueces de paz salen como liquidadores, estudiantes que hacen su pasantía son los que van a esos juzgados de paz a llenar el vacío. Al año pasado, había unos 80 pasantes en esas labores. Pero la magistrada no cree que eso afecte la calidad de los casos, pues afirma que esos pasantes reciben entrenamientos por dos años en la Escuela de la Magistratura que los prepara para hacer esas labores.
La magistrada destaca la labor “titánica” que afirma realizan los jueces para poder atender los casos en sus salas, puesto que están recibiendo más de los que pueden fallar.
“Los jueces tenemos que trabajar horas extras, que no les pagan porque no hay con qué. Al juez le llegan más expediente que la capacidad logística que puede tener y tenemos que trabajar sábados, domingos, llevar expedientes bajo el brazo para poder intentar cumplir”.
