PUERTO RICO. Un juez federal ordenó el viernes al gobierno de Puerto Rico, escaso de dinero, que pague inmediatamente facturas vencidas hace mucho tiempo que el Departamento de Salud debe a compañías que atienden a personas con discapacidad mental en el territorio estadounidense.
El juez federal de distrito Gustavo Gelpi dijo que su orden parecía ser la única manera de proteger los derechos de una población con necesidades especiales en medio de un empeoramiento de la crisis económica.
“De lo contrario, los efectos para estos individuos serán devastadores e irreparables”, escribió en la orden, la cual está vinculada a una batalla jurídica de 12 años en la cual el gobierno federal buscó mejorar el sistema de salud de Puerto Rico para los discapacitados mentales.
Gelpi ordenó además una reunión de emergencia con funcionarios gubernamentales de alto rango la próxima semana y advirtió que tomará medidas adicionales si no se resuelve la situación.
“Las partes están invitadas a ser tan creativas como sea posible”, escribió el juez.
Yaritza Ortiz, una vocera del Departamento de Salud de Puerto Rico, dijo a The Associated Press que la agencia emitirá el lunes y martes cheques a proveedores. Rechazó hacer más comentarios y no proporcionó otros detalles, incluida la cifra total de dinero que sería desembolsada y a cuántas compañías se pagaría.
La orden llega en momentos que el gobierno de la isla se está quedando sin dinero y enfrenta la carga de una deuda pública de 70.000 millones de dólares que el gobernador ha dicho que es impagable y necesita ser reestructurada. Agencias públicas, incluido el Departamento de Salud, están siendo obligadas cada vez más a decidir cómo utilizarán un ingreso que sigue disminuyendo, lo que ha dado como resultado que decenas de proveedores del gobierno no reciban pagos durante meses.
La crisis económica ha puesto en duda las venideras elecciones primarias demócratas en Puerto Rico.
La Comisión Electoral del territorio realizó el viernes una reunión de emergencia debido a que el Departamento del Tesoro no ha liberado tres millones de dólares necesarios para imprimir las boletas y pagar por las máquinas contabilizadoras de votos para las elecciones del 5 de junio, en las cuales los demócratas de Puerto Rico elegirán a 67 delegados.
“Esta situación es intolerable”, dijo la directora de la comisión Liza García, quien agregó que el organismo se está quedando sin tiempo y que ella está sopesando acudir a los tribunales para forzar el pago.
El Departamento del Tesoro de Puerto Rico ha dicho que liberará el dinero hasta la próxima semana.
Mientras tanto, el Congreso de Estados Unidos ha retardado la acción sobre una iniciativa de ley para la reestructuración de la deuda de Puerto Rico que está siendo redactada nuevamente después de que no alcanzó los votos necesarios la semana pasada
