La jueza interina del Juzgado de Atención Permanente de aquí, Aristilda Mercedes, admitió haber otorgado la autorización para el registro de la aeronave que trajo 359 kilos de cocaína desde Venezuela, pero dejó en libertad a los imputados porque el número de la misma no figura en el acta del Ministerio Público.
“Declara nula la presente solicitud de imposición de medida de coerción por haberse omitido el número de la autorización en el acta de registro de la aeronave, lo que constituye una irregularidad procesal”, señala la resolución emitida por la magistrada Mercedes, copia de la cual obtuvo Diario Libre.
Sin embargo, la procuradora fiscal Reina Yaniris Rodríguez tildó de “improcedente”, “incorrecta” y “desafortunada” la decisión que pone en libertad pura y simple a los cinco venezolanos detenidos por el alijo decomisado el pasado jueves en el Aeropuerto Internacional de La Romana.
Los imputados son Carlos Luis Justiniano Núñez, de 55 años; Jorge Henríquez, de 44 años; Gregory Frías, de 23 años; Gerardo Díaz, de 38 años, y Jean Carlos Díaz, de 35 años, este último el chofer del vehículo abordado por los sospechosos.
En uno de los considerandos del documento en que la jueza expone sus motivaciones, indica que el “tribunal verificó que fue autorizado vía telefónica el registro, con el número 418-16, de la nave modelo Cessna C404, matrícula YV2708”.
En tal sentido, Mercedes deja en claro que los fiscales son conscientes de que “debe reposar en el legajo de pruebas la solicitud en físico, haciendo constar los datos precisos que motivaron la autorización (…), así como la solicitud por escrito realizada por el Ministerio Público”.
Cuestionada al respecto, la magistrada Rodríguez alegó que, aunque el fiscal Víctor Henríquez Gil no debió solicitar la autorización, de cualquier manera ya no es necesario que para el registro de un vehículo o aeronave contar con el permiso judicial como lo establece el artículo 176 del Código Procesal Penal.
“Se trata de una aeronave que estaba en un lugar abierto, público, y hay precedentes en ese sentido”, sostuvo. “Está equivocada. Se necesita allanamiento para lugares privados, para moradas, en este caso no”, dijo la fiscal a Diario Libre.
“Dicha acta no contiene el número de autorización para el registro de la aeronave que le fuera suministrado al fiscal actuante al momento de requerir la autorización, el cual consta en los libros del tribunal”, establece la resolución emitida por Aristilda Mercedes.
La Fiscalía no presentó entre sus alegatos esa autorización de registro porque -reiteró la titular Rodríguez- el fiscal adjunto Víctor Henríquez Gil no estaba obligado a ello.
Respecto a la autorización, la representante del Ministerio Público consideró que es la propia magistrada interina del Juzgado de Atención Permanente quien debe redactarla.
Según la Fiscalía de La Romana, cuatro de los imputados fueron detenidos en la carretera y el piloto Carlos Luis Justiniano Núñez, en el área de rampa de la terminal aeroportuaria. Informó que el vehículo en que viajan emprendió la huida tras percatarse de la presencia de las autoridades y por eso abandonaron al piloto.
El Ministerio Público mantiene en prisión a los inculpados, basándose en que el próximo jueves el tribunal conocerá la solicitud de variación de la medida de coerción dictada por la juez de Atención Permanente.
De su lado, los abogados Valentín Medrano y Dionicio Báez mostraron conformidad con la decisión de la jueza en beneficio de sus defendidos, basándose en que ésta actuó apegada a la ley.
“No hay nada que cuestionarle a la magistrada. Se necesita de una orden judicial”, señaló Medrano, quien agregó que las personas que llegaron en la nave no fueron detenidas en flagrante delito porque ya habían pasado por Aduanas y Migración.
“Hay una sentencia bien fundamentada y basada en derecho”, añadió Báez, y criticó el hecho de que el Ministerio Público no haya puesto en libertad a los imputados desde la misma sala de audiencias.
De igual modo, el presidente de la Asociación de Alguaciles de La Romana, Wilkin Ciprián, consideró necesario tomar en cuenta las diferentes partes, ya que Aristilda Mercedes se desempeñó con apego a la ética durante los años que fue ministerial, cargo que dejó tras ser designada por la Suprema Corte de Justicia.