Los fiscales del estado de Sao Paulo dijeron que presentaron cargos por lavado de dinero y falsa representación en contra del ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por evidencia que dicen tener sobre cómo Lula y su familia se beneficiaron de manera indebida de un entramado de venta bienes raíces que afectó a miles de familias de manera negativa.
En conferencia de prensa, el fiscal principal del caso, Cassio Conserino, dijo ayer jueves que Lula y su familia se vieron involucrados en la investigación que ya data de un año sobre presuntas irregularidades ocurridas en una cooperativa de Sao Paulo que vendía departamentos al costo.
El caso contra Lula se centra en un departamento de tres pisos construido por la cooperativa en una torre residencial y que los fiscales argumentan que estaba destinado para el uso de la familia de Lula da Silva.
Lula ha negado ser el dueño del departamento ubicado en la ciudad costera de Guaruja. Los cargos fueron presentados contra el ex mandatario por un grupo de fiscales locales la noche del miércoles, así como las acusaciones por lavado de dinero en contra de su esposa y uno de sus hijos.
Las acusaciones ahora tienen que ser aceptadas, o no, por un juez.
El fiscal Conserino agregó que no tiene idea de qué sucederá, lo que indica que la siguiente determinación en el caso podría tomar un tiempo. La condena máxima por las dos acusaciones podría acarrear una condena de máxima de 13 años en prisión.
“Mientras miles de familias perdieron sus viviendas y vieron cómo se destrozaron sus sueños de convertirse en propietarios, una de las personas investigadas recibió un departamento de tres pisos”, dijo Conserino en rueda de prensa.
En un comunicado el miércoles, el Instituto Lula, una organización sin ánimo de lucro, sugirió que Conserino tiene un sesgo como investigador en contra del ex presidente. Conserino y los otros fiscales dijeron insistieron ayer jueves en su neutralidad y diciendo que están cumpliendo con la ley.
“La investigación se sustenta en evidencia documental y de procedimiento”, dijo Coserino.
Las acusaciones de lavado de dinero fueron presentados contra el ex mandatario, su esposa y uno de sus hijos, en la noche del miércoles.
La semana pasada Lula fue detenido para que rindiera declaración y la policía allanó su casa como parte de la investigación.
En un comunicado, el otrora inmensamente popular expresidente, dijo que los investigadores “no son imparciales” y que no tienen autoridad para llevar a cabo las pesquisas. Conserino se negó a responder a reiteradas preguntas sobre si los fiscales habían pedido que Silva fuera detenido provisionalmente. El ministro de Finanzas, Nelson Barbosa, dijo que los fiscales locales efectivamente habían hecho esa solicitud, la cual también tendría que ser avalada por el juez que llevaría la causa.
Esta petición no tiene ningún fundamento”, dijo Barbosa a los periodistas que estaban esperando en un hotel de Sao Paulo, donde el Insituto Lula sostenía un debate sobre la economía brasileña. Barbosa agregó que “la polarización está haciendo mucho daño a la economía brasileña”.
El comunicado del Instituto Lula dijo que la solicitud como “otro triste intento” de Conserino de “utilizar su trabajo para conseguir fines políticos”.
El caso de Sao Paulo es parte de una serie de problemas legales que afronta Silva. El pasado viernes, investigadores federales dijeron que estaban intentando averiguar si las mejoras realizadas al penthouse de Garuja y otro proyecto de construcción en una casa de campo, utilizada por Lula y su familia, constituían favores realizados a cambio de la obtención de beneficios políticos.
El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva afirmó ayer que el fiscal que solicitó su detención preventiva en una denuncia por lavado de dinero y falsificación de documentos volvió a dejar clara su parcialidad y su intención de usar el cargo para fines políticos. “El fiscal que anticipó su decisión de denunciar a Luiz Inácio Lula da Silva antes de escucharlo dio otra prueba de parcialidad al solicitar su detención preventiva”, informó el Instituto Lula, una fundación encabezada por el exjefe de Estado y que opera como su portavoz.
De acuerdo con el instituto, pese a que el fiscal tiene documentos que prueban el exjefe de Estado y que opera como su portavoz.
