La Fiscalía de Sao Paulo acusó ayer formalmente al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva de ocultación de patrimonio, lavado de dinero y falsificación de documentos en relación a un apartamento que está a nombre de una constructora investigada por el caso de corrupción en Petrobras.
En la denuncia, firmada por tres fiscales, se acusa a Lula y a su esposa, Marisa Leticia Lula da Silva, de ocultar que son dueños de un apartamento de lujo en la playa de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, y que no figura en sus declaraciones de la renta, según informaron fuentes oficiales.
El apartamento está a nombre de la constructora OAS, una de las investigadas en el caso Petrobras, que adquirió en 2009 el edificio que había sido construido por un sindicato vinculado al Partido de los Trabajadores (PT), fundado por Lula y en el que también milita la presidenta, Dilma Rousseff.
La denuncia, que no está relacionada con el interrogatorio al que fue sometido Lula el pasado viernes, supone un paso importante en el proceso contra el ex jefe de Estado pues si el juez de pri- mera instancia decide admitirla a trámite, lo convertiría en reo. Lula reiteró ayer que no es el propietario del citado inmueble, admitió que su esposa adquirió una participación con vistas a una posible compra en 2005, cuando él estaba en el final del primero de sus dos mandatos, y aseguró que declaró esa operación al fisco.
Fuentes oficiales dijeron a Efe que el Gobierno brasileño, al menos por el momento, no tiene previsto pronunciarse sobre la denuncia presentada contra Lula.
“El Gobierno no se posiciona en relación a investigaciones que cursan en la Justicia”, dijo un portavoz de la Presidencia.
El exmandatario también es investigado por la Policía en relación a otro inmueble, una finca rural en el municipio de Atibaia, también en el estado de Sao Paulo, que está a nombre de allegados y donde Lula ha reconocido que suele pasar muchos fines de semana.
La Fiscalía de Paraná, que ha centralizado las investigaciones del caso Petrobras, cree que esas propiedades podrían estar relacionadas con el caso de corrupción en la petrolera y habrían sido usadas por las constructoras para disfrazar el pago de coimas.
El Consejo de Ética del Senado brasileño inició ayer un proceso con miras a la destitución del parlamentario Delcidio Amaral, detenido por las corruptelas en Petrobras y quien supuestamente implicó en esos asuntos a la presidenta Dilma Rousseff y su antecesor Luiz Inácio Lula da Silva. El primer paso de ese proceso que pudiera costarle el escaño a Amaral, hasta noviembre pasado jefe del grupo oficialista en la Cámara Alta, fue la lectura de un parecer del senador Telmario Mota, instructor del caso, quien recomendó iniciar una investigación.: “Aunque es necesario un examen más profundo, existen indicios de delitos y de faltas al decoro parlamentario” que pudieran llevar al Consejo de Ética a despojar de su escaño a Amaral”.
