REDACCIÓN INTERNACIONAL. El Plan Colombia, de cuya puesta en marcha se cumplen 15 años, ha sido el programa militar de EEUU más controvertido en Latinoamérica al estar plagado de paradojas: contundentes golpes a las FARC y al narcotráfico frente a una larga estela de víctimas inocentes.
A finales del siglo XX, Colombia estaba sumida en una grave crisis económica y se hablaba de “estado fallido” por la violencia de guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes en un territorio donde la impunidad y la ilegalidad campeaban a sus anchas.
Fueron los entonces presidentes de Colombia, Andrés Patrana (1998-2002), y de EE.UU., Bill Clinton (1993-2001), quienes firmaron el acuerdo en 2001, pero lo implementaron sus sucesores, Álvaro Uribe (2002-2010) y George W. Bush (2001-2009), en una etapa de guerra global contra el terrorismo tras los atentados del 11-S.
En virtud del acuerdo, la Casa Blanca ha destinado más de 9.000 millones de dólares en cooperación militar a Colombia, el mayor desembolso estadounidense en la historia de América Latina.
El objetivo oficial fue la lucha contra las drogas, pero en la práctica ha sido un instrumento contra las guerrillas comunistas y de posicionamiento estratégico, como afirma el estadounidense James Petras en el libro “Plan Colombia: ensayos críticos”, convencido de que a Washington le preocupaba especialmente el venezolano Hugo Chávez.
Un primer resultado fue la modernización de las Fuerzas Armadas: pasaron de 300.000 a casi 450.000 efectivos, se formaron en operaciones especiales, batallones contraguerrilla y tiradores de alta precisión, mientras la Fuerza Aérea y los servicios secretos se pusieron a la altura de los más sofisticados del mundo.¨
Líderes de FARC que murieron
Las FARC, que llegaron a acorralar Bogotá, retomaron la guerra de guerrillas, se replegaron a las fronteras y sufrieron los golpes más duros de sus 50 años de historia: murieron en el comandante, Guillermo León Sáenz (”Alfonso Cano”), el número dos, Luis Edgar Devía (”Raúl Reyes”); y el jefe militar, Víctor Julio Suárez (”Mono Jojoy”).
A ello se sumó el fallecimiento en 2008, por infarto, del histórico fundador, Pedro Antonio Marín, alias “Manuel Marulanda” o “Tirofijo”.
Otro éxito del que se congratulan Washington y Bogotá es la reducción de los cultivos de coca, que pasaron de 144.800 hectáreas en 2001 a 62.000 en 2010, cuando acabó el Gobierno de Uribe, según la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito (UNODC).
Antes, en 2006, las cifras del Ministerio de Defensa ya eran contundentes: cayeron los homicidios del 40 %, los atentados un 61 % y los secuestros en retenes un 99 %.
Pero esos logros estuvieron acompañados por graves violaciones de los derechos humanos, especialmente en el entorno rural, donde la guerra fue más incisiva y se estigmatizó a los campesinos.
Se agravó el desplazamiento forzoso y surgieron enfermedades por las fumigaciones con glifosato, que arrasaron con la coca, pero también con el maíz y la yuca, mientras se contaminaban las fuentes de agua. Esas zonas son precisamente hoy las que están sumidas en la pobreza, la exclusión y el abandono, según ha constatado Efe.
Además, la guerra contra las FARC obligó al Ejército a mostrar resultados y así se produjo el escándalo de los “falsos positivos” o ejecuciones extrajudiciales de civiles, que eran presentados como muertos en combate tras secuestrarles y vestirles de guerrilleros.
A finales de 2011, la ONU informó de que se investigaban al menos 3.000 “falsos positivos” y alertó de que esa práctica era “sistemática”.
Ese año Estados Unidos comenzó a reducir los fondos del Plan Colombia hasta ubicarlos en algo más de 400 millones anuales. Su embajador en Bogotá, Peter Michael McKinley, lo justificó en “los importantes logros” obtenidos.
“Estados Unidos ha sido un gran aliado para poder terminar con el conflicto y puede ser un gran aliado en la construcción de la paz”, dijo ayer en Washington el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien hoy se reúne con Barack Obama para celebrar 15 años de Plan Colombia.
Santos abrió negociaciones con las FARC en 2012 con el objetivo de cerrar una guerra que ha causado 220.000 muertos, 25.000 desaparecidos, 5,7 millones de desplazados y 27.000 secuestrados, además de unas 2.000 masacres, según el Centro de Memoria Histórica.
