El sistema judicial no termina de manera positiva el año 2015, ya que se ha visto empañado por una serie de acusaciones de presuntos actos de corrupción de jueces que emitieron sentencias que han sido fuertemente cuestionadas por la opinión pública.
El último escándalo lo destapó el procurador Francisco Domínguez Brito, en noviembre pasado, al denunciar ante el Consejo del Poder Judicial (CPJ), que una estructura, presuntamente dirigida por el renunciante consejero Francisco Arias Valera, manipulaba procesos judiciales y negociaba libertades de vinculados al crimen organizado, principalmente en las áreas de narcotráfico, lavado de activos y corrupción.
Esto trajo como consecuencia, que el referido Consejo, suspendiera sin disfrute de sueldo y remitiera a juicio disciplinario a los jueces José Dionisio Duvergé Mejía, del Quinto Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo; Rosó Vallejo Espinosa, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo y Víctor Mejía Lebrón, también juez de esa demarcación.
Mientras que dispuso la suspensión de los jueces Awilda Reyes Beltré, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional y de Delio Germán, del Cuarto Tribunal de la misma jurisdicción.
El caso de la jueza Reyes Beltré, acaparó la mayor atención, luego de que esta supuestamente le admitiera al presidente de la Suprema que recibió dinero a cambio de disponer la libertad del regidor del municipio de Pedro Brand, Erickson de los Santos Solís (Ney), imputado de dirigir una organización criminal dedicada a la invasión de terrenos, secuestros y el asesinato de varios choferes.
No obstante, a la medida dispuesta por el Consejo, que preside el también presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, el Ministerio Público tiene una investigación abierta en materia penal en contra de Reyes Beltré y de Arias Valera.
En el caso de Reyes Beltré, también se le sindica que dio una garantía económica en un caso de 40.12 kilogramos de cocaína, y ordenó devolver un avión del fugitivo presidente del quebrado Banco Peravia, José Luis Santoro, y US$20 millones a favor de Prado Universal Corp., propiedad del español Arturo del Tiempo.
En su afán de enderezar la situación por la que atraviesa el Poder Judicial, el procurador Domínguez Brito anunció que solicitaría al presidente Danilo Medina la urgente convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, a fin de realizar una nueva ola en el sistema judicial, al tiempo que prepara una propuesta sobre su planteamiento.
Sin embargo, los escándalos no solo involucran a los jueces, sino también a los propios fiscales que se han visto envueltos en hechos que empañan su desempeño, como ocurrió con dos representantes del Ministerio Público de la provincia Santo Domingo, vinculados al caso Dican.
El último caso que involucra al Ministerio Público fue el del fiscal adjunto Ysidro Vásquez Peña, quien fue suspendido sin disfrute de sueldo, luego de iniciarse una investigación después que un imputado en el caso del Banco Peravia, declarara que les entregó 125 mil dólares de 250 mil, para que le buscara un abogado que asumiera su defensa.
Otro caso que sacó a flote las debilidades del sistema de justicia y enfrentó al Ministerio Público con el Poder Judicial, fue la espectacular fuga a finales de octubre, de los pilotos franceses Pascal Fauret Bruno y Armand Víctor Odos, condenados a 20 años de prisión por narcotráfico. El escape de los pilotos fue orquestado por un comando de antiguos compañeros de la milicia, y se realizó vía marítima. Esto se produce cuando los implicados estaban en libertad, al ser favorecidos con una medida de coerción dictada por una jueza de la Instrucción, que revocó la prisión preventiva emitida en su contra.
