En las últimas horas del miércoles, los residentes de la mayor ciudad de Brasil, São Paulo, tenían más cosas de qué ocuparse que la noticia de que los políticos de la oposición habían comenzado los procedimientos de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff.
Palmeiras, el equipo de fútbol de São Paulo, derrotó al Santos, el equipo de la ciudad portuaria, en el Campeonato de Brasil, lo cual lanzó a los fanáticos a las calles haciendo sonar las bocinas de sus automóviles y explotando petardos hasta la madrugada.
Pero incluso aquellos con las peores resacas habrían percibido que algo había cambiado en el país más grande de América Latina cuando salieron de sus camas en la mañana del jueves (o en la tarde).
Los políticos brasileños, en lugar de unirse para rescatar una economía que ya estaba en caída libre, han optado por sumir al país en una mayor incertidumbre iniciando lo que promete ser un largo y posiblemente incierto proceso de juicio político. La clase política está jugando a la política mientras Brasil se hunde.
Los méritos del proceso de juicio político son un tema de debate candente en Brasil. Los partidos de la oposición encabezada por el pro-empresarial PSDB argumentan que la Sra. Rousseff manipuló las cuentas públicas para producir déficits presupuestarios políticamente más aceptables, violando una ley que obliga al gobierno a ser fiscalmente responsable. Los partidarios del gobernante izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) de la Sra. Rousseff, por su parte, sostienen que esto no es motivo suficiente para iniciar un proceso de juicio político.
Sin embargo, cualesquiera sean los argumentos técnicos, un juicio político en Brasil es esencialmente un proceso político. Con la economía sufriendo una contracción del 4.5 por ciento interanual en el tercer trimestre y el desempleo aumentando rápidamente, la Sra. Rousseff tiene históricamente bajos índices de aprobación y es vulnerable al juicio político.
Sin embargo, el problema con el proceso actual es su autor: Eduardo Cunha, líder de la cámara baja del congreso. Se dice que ha puesto en marcha el proceso ahora porque el PT de la Sra. Rousseff no lo apoyó contra los esfuerzos para sacarlo del congreso a causa de las acusaciones de que estaba involucrado en la corrupción relacionada con la compañía petrolera estatal Petrobras.
Aunque él ha negado las acusaciones, los analistas creen que su destitución como jefe del congreso es casi inevitable, y las autoridades suizas están en el proceso de transferir hacia Brasil una causa penal en su contra por presunto lavado de dinero y soborno. Por lo tanto, su respaldo al proceso de juicio político socava su credibilidad.
Lo que es peor aún, la puesta en marcha del proceso al final del año amenaza con prolongar cualquier juicio político en un momento en que los políticos brasileños necesitan seguridad política para poder enfocarse en estabilizar la economía.
El proceso comenzará con un comité especial de todos los partidos que celebrará 15 sesiones para formular su opinión sobre la solicitud de juicio político. El asunto luego irá a una votación en la cámara baja, en la cual requeriría el apoyo de dos tercios de la misma para elevarse al senado, el cual luego emplearía seis meses en una investigación formal. Al final de este período, el senado vota. Sería necesaria una mayoría de dos tercios para poder destituir a la presidenta.
Puesto que el congreso de Brasil debe entrar en receso a finales de este mes hasta después del carnaval en febrero, es poco probable que la cuestión del juicio político se resuelva antes del próximo año.
Mientras tanto, la Sra. Rousseff, quien ha estado tratando de estabilizar la economía mediante la puesta en marcha de un programa de austeridad contra los deseos de muchos en su propio PT, se verá tentada a inclinarse más a la izquierda y abandonar algo de la disciplina fiscal para convencer a su partido de apoyarla en cualquier votación acerca del juicio político.
Esto significa que la muy necesaria reforma fiscal en Brasil podría estancarse, lo cual provocaría un aumento de la deuda pública del país y abriría el camino para que las agencias de calificación Fitch y Moody’s siguieran el ejemplo de Standard & Poor’s y rebajaran la calificación de la mayor economía de América Latina a la categoría de basura.
Aunque la deuda de Brasil es baja según los estándares europeos, siendo de un 66 por ciento del producto interno bruto desde septiembre, el país tiene una de las tasas de interés más altas de cualquier gran economía. Peor aún, la deuda pública se ha disparado gracias a la incapacidad de la Sra. Rousseff para implementar el programa fiscal completo debido al caos en el congreso.
Santander advirtió que la deuda pública podría alcanzar el 75 por ciento a finales del próximo año y casi el 90 por ciento en 2019, si no se hiciera algo.
Algunos argumentan que un juicio político rápido contra la Sra. Rousseff y la instalación de un nuevo líder pro-empresarial serían todo lo que el país necesita para recuperarse otra vez. Pero cualesquiera sean los méritos de un juicio político, la prioridad debe ser conseguir que el proceso se realice de manera rápida y sin la interferencia de cualquiera involucrado en acusaciones de corrupción.
De lo contrario, el proceso de juicio político corre el riesgo de empantanar aun más a Brasil, ampliar su crisis y alienar aún más a los votantes que ya están más interesados en el fútbol que en la política.
