SANTO DOMINGO.- La señora Tania Taveras, esposa del presidente de la Unión de Transportistas y Afines (UNATRAFIN), Arsenio Quevedo, denunció este lunes que el Ministerio Público está conspirando contra el gremio y su marido, fabricándole testigos y documentos para dañar su reputación y su trayectoria de hace muchos años.
En rueda de prensa, dijo que a su esposo le costó mucho trabajo llegar a donde está “y no es verdad que nadie va dañar ese nombre, con absurdos infames sobre mí marido”, al tiempo que señaló la situación como un proceso político judicial y una trama a una persona inocente.
Taveras expresó que la justicia de aquí está dañada, podrida “yo antes tenía un poco de esperanza y fe en la justicia, pero ya no”.
En la rueda de prensa participó el abogado de Unatrafin, William Alberto Garabito, además de choferes y otros dirigentes de este entidad choferil.
Ser recuerda que el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Honorio Susaña, impuso un año de prisión preventiva en contra del presidente UNATRAFIN, Quevedo, a quien la Fiscalía implica en una red de sicariato a la que se le atribuye el asesinato de varios transportistas y lavado de activos.
Por el caso también el magistrado dictó igual medida de coerción en contra de Danilo Octavio Reynoso Recio (a) Danilo El Prieto, quien al igual que Quevedo fue enviado a la cárcel del nuevo modelo penitenciario de Higüey.
La petición de medida de coerción fue solicitada por la fiscal Yeni Berenice Reynoso, quien acudió al tribunal a sustentar su planteamiento y quien, a su salida, calificó como pertinente la decisión por la gravedad del proceso.
El magistrado también acogió la petición y aplicó al expediente las normas complejas establecidas en el Código Procesal Penal, que consiste en extender el plazo de las investigaciones.
El Ministerio Público sustenta que Quevedo, quien también es imputado de lavado de activos proveniente de la mafia de los combustibles, es el cabecilla de un grupo que ha hecho uso de la práctica criminal en todo el territorio nacional desde finales del 2008, conducta que consiste en ejecutar transportistas por diferencias y conflictos en las distintas rutas del transporte público.
Quevedo planificó varias ejecuciones que materializaba a través del regidor de Pedro Brand, Erikson de los Santos Solís (a) Ney, vicepresidente de UNATRAFIN, contra quien se impuso medida de coerción”, dice la instancia dirigida al juez.
