SANTO DOMINGO. El Consejo del Poder Judicial aplazó para el 18 de diciembre, a las 10:00 a.m., el juicio disciplinario que se les sigue a tres jueces acusados de la comisión de presuntas faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
Los consejeros Mariano Germán Mejía, presidente; Dulce Rodríguez de Goris, Samuel Arias Arzeno y Elías Santini Perera, acogieron una petición de los abogados de los jueces de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo, Rosó Vallejo Espinosa, Víctor Mejía Lebrón, así como el juez del Tribunal de Trabajo, José Duvergé Mejía.
Los procuradores generales adjuntos, Víctor Robustiano Peña y Carmen Amézquita, plantearon que presentarán testigos que reposan en el expediente, por lo que solicitaron el reenvío del juicio disciplinario.
Los testigos planteados por la Procuraduría General de la República en la audiencia disciplinaria son la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción de la provincia de Santo Domingo, Marcia Raquel Polanco y la jueza de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz Almonte.
Asimismo, la jueza de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo, Wendy Martínez, José Martín Portorreal, Carlos A. Iglesias, Leónidas Radhamés Peña, el coronel Francisco Hidalgo y el teniente coronel Lora Jiménez.
“Esos son los testigos a cargo que queremos que sean citados aquí”, significó la procuradora adjunta Carmen Amézquita.
El presidente del CPJ, Mariano Germán Mejía, expuso a las partes que si desean depositar documentos y testigos, así como los procesos de notificaciones que hagan valer sus pretensiones, lo pueden hacer.
El abogado de la defensa Freddy Mateo Calderón manifestó que demostrarán la inocencia de las imputaciones en contra de los jueces, que a su juicio se basan en presunciones.
Dijo que, en el caso del magistrado Víctor Mejía Lebrón, no tirará por la borda 17 años de ejercicio judicial independiente.
Consideró que en ello estriba la propuesta de la defensa en que el proceso disciplinario se haga público, para que la población pueda constatar la realidad de las imputaciones.
