SANTO DOMINGO. A pesar de que algunos ciudadanos esperan que sean revocadas las sentencias emitidas por los cinco jueces suspendidos por el Ministerio Público, acusados de prevaricación, algunos juristas explican que antes de que llegue ese proceso deberán evaluarse diversos aspectos judiciales.
“Si uno de esos jueces hizo una sentencia definitiva, y se comprueba que ese juez recibió dinero por ese caso, entonces esa sentencia puede ser objeto de revisión, porque se emitió sobre la base de un acto de corrupción, y eso la aniquila”, precisó el jurista Olivo Rodríguez Huertas.
Se recuerda que, según las autoridades judiciales, los jueces suspendidos (Awilda Reyes Beltré, José Dionicio Duvergé, Delio Germán Figueroa y Rosó Vallejo Espinosa), formaban una estructura que operaba a lo interno del Poder Judicial para manipular procesos judiciales que les permitía enriquecerse.
En ese sentido, el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Vidal Potentini, especificó que para que se dé una revisión de los casos fallados por estos jueces, habrá que esperar que los magistrados enfrenten un juicio disciplinario, donde se determinará si son culpables o inocentes.
“Si los jueces se declaran culpables, entonces eso daría vocación a que todas las decisiones de esos jueces sean revisables, definitivamente que sí, porque el fraude lo corrompe todo”, afirmó Potentini.
Si se llega a determinar que son culpables, entonces habría que esperar la condena de los jueces para anular las sentencias, enfatizó Rodríguez Huertas, al tiempo que advirtió que en estos momentos los favorecidos no pueden pensar que como tienen sentencias definitivas ya ellos no serán afectados.
“Si usted compró esa sentencia, y el juez resulta condenado por vender esa sentencia, entonces se puede activar un procedimiento de revisión de ese descargo”, argumentó.
Los juristas indican que en los casos que eran llevados por los jueces en cuestión, y que tienen medida provisional, el Ministerio Público no tendrá que esperar para revisar.
“Hay muchos mecanismos, lo que hay es que ponerlos en práctica. Lo importante es que el procurador Francisco Domínguez Brito, ha dicho que esas decisiones que han sido motivo de escándalo, las va a recurrir, y la sociedad dominicana eso es lo que espera”, expresó Servio Tulio Castaños Guzmán, de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).
Hasta la fecha, sólo uno de los cinco jueces suspendidos admitió que aceptó dinero para rendir decisiones favorables.
La jueza Awilda Reyes, de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, manifestó que actuó obedeciendo “instrucciones superiores”, mientras que el resto de los juristas no han negado ni afirmado la acusación.
Francisco Alberto Arias Valera, extitular del Consejo del Poder Judicial, a quien se acusa de dirigir esta estructura, se defendió de las acusaciones.
Los juristas esperan que las investigaciones de este caso, que en general agudiza la peor crisis que pudiera registrarse en la historia de la República Dominicana con relación a la Justicia, sean profundizadas por las autoridades, y se lleven hasta las últimas consecuencias.
Fallos más mencionados
De unos 16 fallos emitidos por los jueces suspendidos, diez favorecen al narcotráfico y cuatro el lavado de activos.
De acuerdo con la Procuraduría General de la República, la jueza Awilda Reyes emitió cuatro fallos a favor del crimen organizado, lavado de activos y narcotráfico. Dentro de éstos, se encuentra la sentencia que ordenaba la inmediata puesta en libertad del regidor por el municipio Pedro Brand, Erinson de los Santos Solís (Ney), acusado de dirigir una banda de sicarios y de lavado de activos. Asimismo, la sentencia que ordena devolver la suma de US$20 millones a favor de la compañía constructora de la Torre Atiemar, propiedad del español Arturo Del Tiempo Marqués, condenado por narcotráfico en España.
Ordenó también la devolución inmediata al señor José Bacile Bacile, de una aeronave incautada mediante orden judicial de secuestro, cuya propiedad se atribuye al fugitivo presidente del quebrado banco Peravia, José Luis Santoro Castellanos, investigado junto a nueve personas más por incurrir en acciones de lavado de activos.
Otro de los casos más conocidos es el del juez Delio Germán Figueroa, quien favoreció con una orden de libertad inmediata a cinco venezolanos con un amplio prontuario delictivo de asaltos y atracos en el país, dentro de éstos, el asalto a la casa de cambio del diputado Alberto Atallah.
