Santo Domingo.- Los jueces del IV Tribunal Colegiado condenaron a los acusados Dionisio Homero Cabral Pimentel y José Ramón Attias Peña, a 6 años de prisión, así como a Samir Cabral Pimentel, a 2 años, por haber sido hallados culpables de cometer estafa millonaria en perjuicio de decenas de personas.
Los condenados se asociaron y violentaron disposiciones emitidas por la Superintendencia de Valores, recibiendo valores por la suma de más de 50 millones de pesos, por los cuales emitieron papeles comerciales, haciendo creer a sus clientes que sus negocios funcionaban como puestos de bolsas, debidamente autorizados, informó hoy la Fiscalía del Distrito Nacional.
El 7 de marzo del 2005 la Superintendencia de Valores informó a sus intermediarios de valores que les estaba prohibido intermediar, colocar o vincularse de alguna manera con instrumentos de valores que no fueran autorizados, según la Fiscalía.
A la fecha de la suspensión, revela, la sociedad Attias Ingenieros- Arquitectos, S.A., tenía una emisión de títulos de valores de oferta pública en circulación por un monto no menor de 51,474,580.15 pesos, constituida por 66 inversionistas.
La emisión de papeles fue estructurada y administrada, por el puesto de bolsa Transacciones Globales S.A., presidida por Dionisio Homero Cabral y manejada por el señor Samir Cabral.
«La emisión de estos papeles fue sometido a un programa de redención o desmonte trimestral, que culminaría el día 11 de abril del 2006, el cual no se cumplió», manifestó la fiscal Karina Concepción en audiencia.
Además, el 6 de marzo del 2007, la Superintendencia suspendió temporalmente a Transacciones Globales S.A. realizar actividades dentro del mercado de valores como puesto de bolsa, hasta noviembre de ese mismo año.
Sin embargo, conjuntamente con la sociedad comercial ATTIAS, Ingenieros-Arquitectos, S.A., en la persona de José Ramón Attias, continuaron emitiendo papeles comerciales no autorizados.
El tribunal, conformado por los jueces Pilar Rufino, Samuel Castillo y Leticia Martínez, acogió la solicitud de la Fiscalía, que otorgó al caso la calificación jurídica de asociación de malhechores, estafa, violación a la Ley número 19-00, que regula el Mercado de Valores de la República Dominicana.
Los condenados se encuentran en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva; en las próximas horas se determinará el recinto penitenciario al que serán enviados a cumplir la pena impuesta.
