El exdirector Migración José Ricardo Taveras, alertó ayer al presidente Danilo Medina y a las entidades que integran el Consejo Nacional de Migración a tener cuidado con extender el plazo al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) y mucho menos otorgar ningún tipo de estatus migratorio a inmigrantes que no han cumplido con los requisitos establecidos en el decreto 327-13.
En una nota, Taveras dijo que el PNRE fue convocado por mandato al Ejecutivo del artículo 151 de la ley 285-04 sobre migración y que por lo tanto “es único e irrepetible, salvo disposición legal expresa y sujeta a quórum especializado que ordene la extensión”.
“La extensión de ese Plan es propuesta, de manera descarada, por el saliente embajador de la Unión Europea, por otros sectores de la comunidad internacional, del mismo Gobierno y de la esfera del usufructo del drama ajeno”, expresó el exfuncionario.
Taveras recordó que el artículo 3 del decreto 327-13 establece como único plazo posible para acogerse al plan un período de 18 meses que venció el 15 de mayo del 2015 y que el artículo 4 dispone como consecuencia para los extranjeros irregulares que durante el tiempo de duración previsto para este Plan” no califiquen o no se acogieran, quedarían sujetos a deportación conforme a la Constitución y las leyes dominicana.
Manifestó que aunque que los plazos otorgados para completar expedientes fueron ilegales, el estatus dado a los beneficiarios del Plan fue de dos años y que ya vencieron, por lo que carece de sentido dar más prórroga.
“El único camino posible es aplicar por la renovación ante la Dirección General de Migración, aportando sus documentos conforme a la ley de migración y su reglamento o la deportación”, señaló Taveras.
Además de eso, dijo que en los artículos 25 y 93-1-g de la Constitución, el régimen de extranjería está sujeto a control constitucional y legal, razón por la cual la competencia de su regulación concierne estrictamente al Congreso Nacional y no pueden ser modificados por decisiones administrativas ni resoluciones ningún órgano.
Agregó que lejos de ‘arrinconarse’ en una actitud defensiva, el Gobierno debe enfrentar con firmeza a la comunidad internacional, siempre ajustado al derecho y destacando los sacrificios realizados por el contribuyente dominicano, que tuvo que pagar tres mil millones de pesos al otorgar plazos del Plan por más de dos años.
